La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, y condenó el uso de la incomunicación como método sistemático de represión.
Según los datos más recientes, en el país hay al menos 896 presos políticos. De ellos, al menos 64 familias aún desconocen el paradero exacto de sus seres queridos, y solo han logrado tener noticias por intermediarios o funcionarios que ocasionalmente solicitan medicamentos o ropa. La CIDH subrayó que estas prácticas violan estándares internacionales y constituyen actos de terrorismo de Estado para infundir miedo y reprimir la participación política.
El organismo también denunció abusos contra familiares de los presos, especialmente mujeres, quienes son víctimas de requisas humillantes y maltratos al intentar realizar visitas. En algunos casos, como el de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia —todos con medidas cautelares, ni siquiera se permite conocer el estado de salud de los detenidos.
La represión se intensificó tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En ese contexto, se registraron al menos 50 detenciones arbitrarias de opositores, y tras la jornada electoral, más de 2.200 personas fueron apresadas por participar en protestas. Entre ellas, 177 eran menores de edad.
La CIDH alertó sobre la falta de independencia del Poder Judicial y el uso del Ministerio Público como brazo represor del régimen. Instó a garantizar el acceso a la defensa técnica, terminar con los juicios amañados, y restituir el equilibrio entre los poderes públicos como paso fundamental hacia una democracia real.
