Por Guillermo Bello Vicentini
La programación para construir nuevas viviendas de interés social en propiedad plena, es de extrema importancia para cuidar, mantener y fortalecer la democracia. El gobierno es responsable de la creación de las condiciones legales, financieras y sociales para un correcto y estable crecimiento de la propiedad privada de viviendas.
La complejidad de la vivienda marginal pasa desapercibida en el acontecer diario del país, esto se debe a que no se trata de una catástrofe producto de una emergencia por causas naturales. La desdicha familiar es de avance lento y progresivo y, por lo tanto, no se refleja en la prensa, ni en las encuestas, ni los estudios sociales como uno de los problemas más urgentes de la Nación. Nadie lo percibe como crisis violenta y por lo tanto las familias afectadas lo viven como un hecho normal y fortuito el tener que sobrevivir en marginalidad desde la niñez, pero con la esperanza de una mejor vivienda en el futuro, ilusionados por promesas y propagandas de millones de viviendas.
La solución formal para erradicar la marginalidad (más de 20 formas) es responsabilidad única y exclusiva del gobierno, con políticas públicas de mediano y largo plazo, por ser quien ostenta el monopolio de redactar, financiar, anunciar, incentivar y sancionar leyes y/o decretos para reactivar la capacidad de promoción y construcción de viviendas, cumpliendo con la constitución, las normativas, el código civil y las distintas leyes sobre Derechos Humanos.
La construcción de viviendas de interés social, entregadas en propiedad plena, son la base de la escalera social y económica de una familia… LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL