En el año 2005 unos venezolanos registraron en Florida, Estados Unidos, la empresa JL Financial Investmentment Inc. Era entonces en Venezuela una época de efervescencia para el chavismo. El municipio Libertador de Caracas, capital del país suramericano, era gobernado en aquel tiempo por Freddy Bernal, una figura política reconocida dentro del chavismo.
Habría sido gracias a las influencias de Bernal y a su amistad con Miguel Rodríguez Torres, jefe de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), entidad que luego se convertiría en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, que fueron designados Pedro Luis Martín Olivares, como Director de Inteligencia Económica; y posteriormente José Antonio López Pernalete, en el mismo cargo.
José Antonio López Pernalete
Tanto Martín Olivares como López Pernalete eran personajes muy cercanos a Ricardo Fernández Barrueco, un empresario cuyos negocios habían logrado crecer dentro y fuera de las fronteras de Venezuela, gracias precisamente a las influencias con las que contaba en el chavismo. Fernández y su gente se asociaron con el empresario Pedro “Perucho” Torres Ciliberto, propietario entonces de la compañía Seguros La Previsora.
Ricardo Fernández Barrueco
Algunas fuentes aseguran que el grupo ensambló una “lavandería” de dinero. Fernández Barrueco designó a Pernalete como presidente de cuatro bancos que había adquirido en Venezuela. Esos fueron: Bolívar, Confederado, Canarias, Banpro. Otras de las entidades involucradas y que al igual que los anteriores resultó intervenido y liquidado, fue el Banco Federal. Las mismas fuentes señalan que Martín Olivares, sobre quien pesa una orden de captura de la Administración de Control de Drogas (DEA) y contra quien el Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido pagar una recompensa de USD 10 millones por información que conduzca a su captura, al estar relacionado con envíos de droga desde Venezuela a Estados Unidos; se encargó de una serie de asesinatos. Mientras, Pernalete se ocuparía de operaciones de lavado, en algunas de las cuales adquirió propiedades en Miami.
Los socios de JL Financial Investment INC., la compañía registrada en 2005 y hoy inactiva, fueron Rafael Boggio, yerno de Pernalete; Berquiz Ortiz, concubina de Pernalete y antigua empleada en Venezuela del retén de Yare; José Antonio López y Pedro Luis Martín. La compañía serviría justamente como una “lavandería”.
El Ministerio Público de Venezuela informó en el año 2009 que había solicitado a la Policía Internacional (Interpol) su colaboración para capturar a nueve personas del total de 27 contra las que las autoridades judiciales del país habían dictado orden de prisión, todas ellas vinculadas a los siete bancos privados intervenidos en el país iberoamericano: Canarias, Banpro, Confederado, Bolívar, Real, Baninvest y Central.
El empresario Ricardo Fernández Barruecos, dueño del Grupo Confederado, que agrupaba a los primeros cuatro bancos intervenidos, también fue acusado. El Gobierno venezolano intervino en noviembre de 2009 cuatro bancos, y semanas después cerró otros tres por irregularidades en sus indicadores.
Asimismo, el Gobierno de Venezuela señaló entonces que la Fiscalía imputaría por delitos similares a los directivos del Banco Real, Arné Chacón Escamillo, Milagros Vivas Moncayo y Giuzel Mileira Avendaño.
15 de las 27 personas cuya detención fue solicitada entonces, ya tenían prohibido salir de Venezuela, incluidos los directivos del Banco Provivienda (Banpro) José Antonio López Pernalete, Rafael Alberto Medina, Andrés Polanco Fernández, Omar Casañas, María Sol Cacique y Reynaldo Valdez.