La ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció que se han cometido más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales en la Administración de Nicolás Maduro. Asegura que se trata de una política de Estado para “el exterminio de persona, en su mayoría gente humilde”.
En una entrevista concedida al portal El Mundo, informó que la muerte de los ciudadanos fue presuntamente ordenada por Nicolás Maduro entre los años de 2015-2017, como parte de una “limpieza social” contra aquellos que manifestaban en contra de su administración.
“El ciudadano que participaba en una protesta pasaba a ser un enemigo, un objetivo militar”.
Ortega aseguró que más de cien de los asesinatos ocurrieron en el marco de las protestas de 2017, entre los meses de abril y junio.
La exfiscal afirmó que han presentado pruebas ante la comunidad internacional, sobre la presunta responsabilidad de la Administración de Nicolás Maduro en las muertes del ex concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y de Óscar Pérez y sus compañeros en lo que se conoció como “La masacre de El Junquito”.
“En posteriores ampliaciones presentamos pruebas relacionadas con la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de otras torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades”.
Ortega reafirmó su compromiso en contribuir con la investigación de la Corte Penal Internacional por las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país.