Por José Luis Centeno S. @jolcesal

Jhon, fue el primer sorprendido cuando vio llegar a su local comercial hombres sin identificación alguna, con actitud agresiva, amparados en las potentes armas de fuego que blandían desde su entrada al Mercado del Cementerio en Caracas, inmutables, ante el rechazo de otros comerciantes a esa acción, cargaron con él y se lo llevaron en una camioneta blanca.

Desapareció. No se supo más de él. Cuentan algunos de sus vecinos que, trascurridas horas de su desaparición, vieron llegar sujetos armados al edificio donde tenía fijada su residencia, del cual salieron con los supuestos elementos incriminatorios que habrían encontrado en un maletero, muchos hablaron de siembra, ya que para ellos no tienen otra explicación los cargos que le hicieron para dejarlo preso.

A Jhon nadie lo vio en ese momento, se encontraba en la camioneta mientras practicaban lo que después denominaron operativo policial. Claudia Morillo, su esposa, supo de él cuando estaba en El Helicoide, donde lo dejaron sus captores y lo fueron a buscar nuevamente, sin poder llevárselo porque los funcionarios del Sebin lo habían reseñado. En la prisión de Roca Tarpeya, Claudia supo, por boca de su esposo, del suplicio que vivió ante de llegar a esa prisión.

Claudia, Jhon y sus familiares no atinaban a encontrar una razón para aquel atropello que terminó en privación de libertad, hasta que se acordaron de la foto, sí, una foto con Leopoldo López sería la causa de que Jhon Hader Betancurt, no Betancourt, sea reo de la justicia desde el 16 de agosto de 2019, cuando aproximadamente a las 11:30 am sus amigos y conocidos fueron testigos de lo que en el argot policial se conocería como “rapto controlado”.

Él no tiene nada que ver con los hechos del 30 de abril de ese año, sin embargo, será enjuiciado en una de las causas penales originadas por lo ocurrido ese día en el distribuidor de Altamira, frente al aeropuerto de La Carlota, donde Jhon tuvo la infeliz ocurrencia de tomarse una foto con Leopoldo, luego de llegar allí cuando se trasladaba en su moto al este de la ciudad a entregar unos documentos que le encomendaron la tarde anterior. Emocionado se tomó la foto y siguió su camino.

Por esos hechos hay muchos imputados, tantos, que los dividieron en diversas causas o expedientes, “en el grupo de mi esposo estaba el diputado Edgar Zambrano -comenta Claudia-, con cuatro funcionarios que trabajan con él. Al diputado Zambrano le dieron una cautelar y salió en libertad, mientras que mi esposo que no es político ni tiene nada que ver en ese asunto sigue preso, quien sabe hasta cuándo”.

Claudia Morillo, ingeniero de profesión, en un relato, en el que no pudo contener las lágrimas, dejo ver que con Jhon preso, “el alma y sostén del hogar”, ella y sus siete hijos se vieron forzados a dejar el apartamento donde vivían alquilados, “los de él, los míos y los nuestros”, aclaró con una sonrisa que disipó la tristeza de su rostro.

Haciendo más grande el distanciamiento que nos vino con el Covid-19 se fueron a vivir a Monagas, a la casa de su mamá, desde donde vino recientemente para estar presente en la Audiencia Preliminar, “que empezó en febrero de 2020, pero por la pandemia se culminó el primero de marzo de este año”, acotó Claudia, quien abrigaba la esperanza que a su esposo también le otorgaran una medida cautelar sustitutiva de libertad, llamada coloquialmente libertad condicional:

– Porque a nuestros morochos les harán dentro de poco una intervención quirúrgica de alto riesgo y él quiere acompañarnos, en la audiencia se le explicó a la jueza que es una operación muy delicada que tal vez los morochos no superen como dijo el médico, para que al menos le diera un permiso, pero no hubo manera.

En medio de serias estrecheces económicas, que la han obligado a ponerle pañales de tela a los morochos, en lugar de los desechables que usaban por no controlar los esfínteres, la anima el hecho de que los abogados defensores de Jhon decidieran no cobrar honorarios profesionales, la razón estriba en considerarlo víctima de excesos policiales y judiciales, un procesado ajeno a los hechos que derivaron en la causa penal que se le sigue “por la presunta comisión flagrante de delitos que atentan contra el Estado venezolano”.

Para Claudia, la actuación de la jueza 49º de Control de Caracas, Hilda Villanueva, al decretar el pase a juicio sin valorar debidamente alegatos y peticiones de la defensa técnica, incluso, de la misma fiscalía, “sirvió de estímulo para reforzar mi capacidad de afrontar y superar con mayor confianza y seguridad las situaciones adversas que no cesa de acarrearme esta dura situación que ha perjudicado por igual a Jhon y a toda nuestra familia”.

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