El abogado Amador José Valles Méndez solicitó a la Asamblea Nacional (AN) un pronunciamiento sobre la denuncia de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Miguel Ángel Martín, es un ciudadano español.
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El caso será tratado este jueves durante la plenaria de la sesión ordinaria del parlamento que conocerá un informe de la consultoría jurídica con relación a la autorización solicitada por los magistrados en el exterior para continuar un antejuicio de mérito en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro.
El juicio contra el jefe del Estado había sido aprobado por la AN el pasado 17 de abril por hechos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.
Para este jueves, los diputados tienen previsto debatir un informe de la consultoría jurídica del parlamento con relación a una propuesta de destituir de su cargo al presidente Maduro, situación que no prosperaría ante las dudas de ilegalidad del TSJ en el exilio.
En una carta dirigida a la directiva de la AN, fechada el pasado 10 de julio, el abogado Vallés alerta que teniendo el magistrado Martín doble nacionalidad venezolano – español, las actuaciones del TSJ en el exilio “carecen de legalidad” al observar que el presidente de esa instancia judicial, que fue juramentada por el parlamento el año pasado, “no cumple con los requisitos para el cargo al que fue designado”.
Según el artículo 263 de la Constitución, en su numeral primero, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere ser venezolano por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad.
El presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, nació en el estado Carabobo pero posee nacionalidad española como consta en su Documento Nacional de Identidad (DNI), número 51558670F, datos que fueron comprobados por la directiva del parlamento a través de una solicitud presentada ante el consulado español en Caracas.
Desde julio del año pasado, Martín preside el Tribunal Supremo en el exterior.
Juez de carrera judicial
Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. También fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en la ciudad de San Diego, estado Carabobo.
Es autor de “La Oralidad en el Proceso Civil”, publicación de dos tomos que fue su tesis doctoral y de “El derecho de jóvenes en Venezuela y su protección judicial”.
Martín Tortabu, un juez de larga trayectoria judicial, fue uno de los coordinadores del Bloque Constitucional de Venezuela, un grupo conformado por jueces, magistrados, profesores universitarios en cátedras de derecho y presidentes de Colegios de Abogados del país, quienes publicaron diversos comunicados en los que exhortaban “rescatar el Estado de Derecho en Venezuela”
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