Venezuela habría perdido al menos 140 millones de dólares al pagar sobreprecios de hasta 241% en importaciones estatales de alimentos desde México, según una investigación de una ONG difundida este jueves en Caracas.
Las compras tuvieron como destino los CLAP, un programa mediante el cual el gobierno vende a sectores pobres, desde 2016, productos de primera necesidad a precios bajos para paliar su grave escasez.
Esas importaciones se realizan a través de intermediarios y ascendieron a 1.734 millones de dólares entre enero de 2016 y agosto pasado, según datos de la Secretaría de Economía de México citados por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
Un análisis de la ONG a las compras de los principales rubros señala que, “de 590 millones de dólares invertidos (…), 140 millones podrían corresponder a sobreprecio”.
“Puede ser más lo que se esté perdiendo en corrupción que lo gastado en alimentos”, aseguró el informe, que destacó el caso “alarmante” de la pasta, cuyo sobreprecio en 2017 habría variado de 23% a 241%.
En mayo de ese año, Venezuela, devastada por la peor crisis económica de su historia moderna, importó el producto a 2,92 dólares el kilo, cuando otros países lo hicieron a 0,86% dólares.
“La pérdida potencial por la compra a sobreprecio es 74,82 millones de dólares en 2017”, indicó Transparencia sobre este rubro.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, denunció a mediados de 2017 que las pérdidas por este ilícito ascendían a 206 millones de dólares.
La ONG, que menciona a 11 empresas que vendieron directamente al gobierno de Nicolás Maduro, llamó la atención sobre otras importaciones desde México a precios muy por debajo del estándar internacional.
Como ejemplo citó lácteos que apenas alcanzaron 5% de los precios pagados por otras naciones que comercian con México. “Esto pudiera explicar las reiteradas denuncias de los usuarios sobre la mala calidad de los productos CLAP”, sostuvo.
Transparencia recordó que en octubre pasado la Procuraduría General de México develó una red de empresas y particulares que adquirió productos de “baja calidad” y los exportó a Venezuela con “sobreprecio” para, a través de los CLAP, “revenderlos a la población en un valor 112% mayor al costo real”.
A los implicados se les prohibió comercializar más rubros a Venezuela y se les ordenó destinar tres millones de dólares a programas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en América Latina, evocó la ONG.