Politólogos descartaron que las excarcelaciones que ordenó Maduro tengan como propósito dialogar con la oposición o rectificar los errores de su gestión
Después de las elecciones del 20 de mayo, el presidente Nicolás Maduro presentó 6 líneas de trabajo que definirán su periodo, entre las que se encuentran el diálogo y la pacificación del país. Como parte de esa promesa, el mandatario ordenó la excarcelación de 80 personas, de las cuales solo 42 eran presos políticos.
Abogados y analistas políticos aclaran que esta medida no forma parte de un proceso de pacificación o reconciliación, pero sí se trata de una estrategia del gobierno para intentar legitimarse en el ámbito internacional.
El politólogo Fernando Spiritto aseguró que el presidente Maduro y su gabinete idearon un plan bien estructurado para legitimarse, en el cual utilizan las excarcelaciones y la participación de los gobernadores opositores para hacer creer que tienen la disposición de dialogar con sus adversarios políticos y rectificar los errores de su gestión.
“Quieren dar la impresión de que están haciendo cambios políticos en el país, pero la comunidad internacional sabe que no son suficientes ni reales. No es un cuento creíble porque la libertad la condicionaron”, indicó.
Dentro de esos ofrecimientos de Maduro está el diálogo con los factores políticos que le adversan, pese a que todos los partidos que participaron en la mesa de negociación en República Dominicana fueron inhabilitados por la asamblea nacional constituyente y el Consejo Nacional Electoral.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, no confía en que la medida tenga como objetivo acercarse a la oposición para conversar seriamente, porque fueron los mismos que se negaron a dar condiciones electorales en febrero de este año.
Expone que las excarcelaciones pueden ser un movimiento táctico para bajar la presión sobre Venezuela, comprar tiempo y, así, afianzarse en el poder y tener estabilidad.
Spiritto y Jesús Ollarves, abogado especialista en derechos humanos, destacaron que la separación de poderes es un factor determinante para que los países crean en las decisiones políticas del Estado venezolano. Sin embargo, el gobierno ha utilizado todas las instituciones, sobre todo al Poder Judicial, para aniquilar a sus adversarios y tratarlos como enemigos.
“Desde hace años hemos sido testigos de cómo el gobierno ha utilizado el derecho penal como instrumento de extorsión y chantaje al ciudadano”, afirmó Ollarves.
Agregó que para tener un proceso de reconciliación y pacificación en el país, Maduro debe reconocer las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante su gestión; permitir el regreso de los exiliados, conceder la libertad plena y no condicional, y convocar a todas las fuerzas para discutir las soluciones a los principales problemas de los venezolanos: el hambre y la falta de medicamentos.
“Aquí no hay guerra para que exista pacificación. Simplemente, el gobierno no permite que haya elecciones transparentes; el conflicto está presente y continuará mientras prohíban que la ciudadanía se exprese libremente”, resaltó Alarcón.
Manipulación de la libertad. Los expertos descartaron que las excarcelaciones sean beneficios procesales, porque “jamás debieron estar presos, y menos por sus ideas”. Tampoco fueron concesiones porque había dos diputados encarcelados a quienes se les violó la inmunidad parlamentaria, y cinco reclusos que tenían boletas de excarcelación desde hace meses.
“Cuando se exige justicia y no hay respuesta adecuada y efectiva, y de forma vaga se habla de reconciliación, es visible la manipulación de la justicia y la libertad, que es inmoral y violatoria de los derechos fundamentales”, señala Ollarves.
Soga al cuello. Maikel Moreno, presidente del TSJ, ha asegurado que entre los excarcelados hay quienes gozarán de libertad plena, pero otros deberán presentarse en los tribunales cada mes, tienen prohibición de salida del país y de declarar a los medios de comunicación.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, alertó que las restricciones implican que en cualquier momento estos ciudadanos pueden ser encarcelados de nuevo. “Tienen una soga al cuello”, sostuvo.
Esas medidas cautelares también son una manera de inhabilitarlos y prohibirles que hagan política. “Les dicen: yo te metí preso por lo que hacías y protestas. Te encarcele para que no te pronunciaras; ahora hago lo mismo, pero te dejo con libertad de movimiento”, aseveró Alarcón.
VÍA EL NACIONAL