La situación de los habitantes de las riberas del lago de Valencia, en Aragua y en Carabobo –que expertos califican de una de las más graves en materia ambiental en la región– ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente informe acerca de Venezuela, incluyera en el capítulo 5, titulado Pobreza y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, una nota acerca de lo que ocurre en el reservorio de agua.
En el documento indica que con “el paso de los años el lago ha tenido un aumento mayor del esperado, llegando a un punto crítico en el cual el muro de contención construido está prácticamente al tope de agua y con riesgo de derrumbarse, lo que afectaría a cientos de familias habitantes de la zona en el estado Aragua”. La CIDH considera que “se trata de un desafío que pone en riesgo el derecho a la vivienda y otros derechos”.
En este sentido la instancia continental alentó al Estado venezolano “a la adopción de todas las medidas necesarias para atender la situación descrita, poniendo en el centro los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas, con énfasis en la prevención y en el acceso a la información pública como derecho constitucional e internacionalmente protegidos”.
Hace dos semanas la organización defensora de derechos humanos Espacio Público fungió como representante de algunas de las comunidades afectadas en las audiencias de la CIDH en Bogotá, durante el 167° período de sesiones, en el que se actualizó la situación de los afectados y se entregó un informe técnico.
Ricardo Rosales, abogado de la ONG, destacó la importancia de que la CIDH recoja la situación en sus informes, pues esto le da relevancia y reconocimiento al problema en el sistema interamericano. Espacio Público también ha llevado una acción urgente por el caso del lago de Valencia a nueve relatorías de la red de la Organización de Naciones Unidas. Hasta ahora ha obtenido una respuesta que solicita información al gobierno.
Rosales explicó que aunque las relatorías de la ONU no tienen potestad sancionatoria o judicial, “estas acciones son una suerte de mediación para que las partes se ‘encuentren’”. Sin embargo, acota: “El peso político de estas y sus pronunciamientos suelen ser suficientes para mover a los Estados a buscar soluciones”.
De hecho, una de las relatorías de Naciones Unidas envió un cuestionario al Estado venezolano solicitando más información al respecto, lo que podría ejercer presión para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto. Rosales recordó que entre los muchos derechos fundamentales que el Estado viola en este caso destacan el derecho a la vivienda, el derecho al agua –ambos consagrados en la Constitución– el derecho a la salud y al acceso a la información, entre otros.
Transgresiones en detalle
Una denuncia formulada en mayo de 2011 ante el Ministerio Público por los legisladores del Consejo Legislativo de Carabobo Karelly Lizarraga, María Victoria Rodríguez y Germán Benedetti da cuenta de algunas de las acusaciones que se han levantado contra el Estado venezolano por lo ocurrido en el lago de Valencia.
Allí se señala que las obras ejecutadas en la cuenca hidrográfica causaron “el desmejoramiento en la calidad del agua que consumen más de 3 millones de usuarios de la red de potabilización de la empresa Hidrocentro”. El documento agrega que entre 1999 y 2009 se invirtieron 747,76 millones de bolívares en obras que debían solventar el problema ambiental, pero no fueron culminadas.
Se advertía que 8.000 personas residentes en La Punta, Maracay, sufrirían “inundaciones de aguas cloacales por las descargas de 14.000 litros por segundo de aguas residuales vertidas en el lago de Valencia, por la irresponsabilidad de no haberse ejecutado obras aprobadas en decretos presidenciales de 1999 y 2005” y que hubieran prevenido la crisis.
Benedetti señala que la Fiscalía nunca hizo “absolutamente nada” ante estos señalamientos. Sus gestiones también fueron infructuosas cuando intentó que los funcionarios del Instituto de Salud de Carabobo tomaran muestras de las plantas de tratamiento de Los Guayos, La Mariposa y Alejo Zuloaga para establecer los niveles de contaminación.
El dato
El decreto 8844, del 13 de marzo del 2012, crea un área de emergencia habitacional que incluye los polígonos afectados del lago de Tacarigua o lago de Valencia, ubicados en los municipios Girardot y Francisco Linares Alcántara del estado Aragua y los municipios San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo, “a fin de salvaguardar la integridad de sus habitantes por los daños ocasionados por inundaciones que han generado cuantiosas pérdidas materiales en cuanto a viviendas, bienes muebles, actividad productiva, infraestructura social, etc”. El texto también señala que el área se declara Zona de Peligro Potencial.