“Sé que estoy preso por luchar por lo justo. Sé que hicimos lo correcto y hoy intentan intimidar a todos los ganaderos a través de mí que aún luchan. ¡No lo permitamos!”, exhortó en una misiva, presidente de Agapure, de 68 años de edad, que escribió en el comando de San Fernando de Apure.
Pasó 2 noches detenido junto con Indira Retureta, representante de los comercializadores de queso duro del estado Apure y 10 caveros más por negarse a entregar 10% de la carga a la Alcaldía del Municipio San Fernando.
Otro de los detenidos, que prefirió no identificarse, indicó que fueron imputados por alteración del orden público. “Es terrible el momento que estamos viviendo solo por trabajar. Es triste y lamentable”, expresó.
En la nota, Castillo asegura que se siente fortalecido y esperanzado de que la circunstancia se supere prontamente. También se dirigió al presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz: “Sigan adelante. Nuestro compromiso de abastecer a quien hoy se acuesta con hambre es mayor que lo duro de dormir en un calabozo”.
La Federación de Ganaderos rechazó en un comunicado: “El nuevo ataque que sufren los trabajadores del campo, y más específicamente los hechos irregulares e inconstitucionales que se siguen generando en varias partes de nuestro país”. Consideró inauditas las detenciones que efectuaron funcionarios de la policía regional y de la Guardia Nacional Bolivariana después de una “emboscada con bombas lacrimógenas y perdigones”.
Ayer la audiencia de presentación fue diferida para las 2:30 pm, estaba programada para la mañana. Media hora antes, aproximadamente 80 personas, entre ellas productores y familiares de los detenidos, se reunieron en las adyacencias del circuito penal del estado Apure, en la calle Comercio a una cuadra de la gobernación, informó un productor que pidió no citar su nombre. Añadió que al lugar también acudieron policías regionales.
Finalizada la audiencia, las 12 personas detenidas fueron liberadas. El abogado Víctor Altuna aseveró que los cargos no se ajustaban a la realidad. “Lo que realmente sucedió fue que los funcionarios colocaron un piquete para impedir el paso de los caveros, que pagaron los impuestos correspondientes, para obligarlos a entregar 10% de la carga a Los Cabresteros (empresa de producción social) a un precio muy por debajo del que cuesta. Eso es prácticamente una confiscación”.
Castillo añadió que en el acta policial los imputaron por alteración del orden público y agresión a las autoridades. “Señalamos que nosotros fuimos los agredidos y que nos impidieron el libre tránsito”. Indicó que el fiscal José Luis Rodríguez pidió que se anularan los delitos y que se abriera una averiguación para constatar los hechos.