Abogados de diversas ONG de derechos humanos denunciaron este miércoles la existencia en Venezuela de grupos irregulares, que se hacen pasar por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, que estarían ejecutando detenciones arbitrarias de ciudadanos.
“Nos han informado que hay personas que se identifican como de cuerpos de seguridad del Estado, se llevan a las personas y pasan semanas que no aparecen. Esto nos tiene alarmados”, afirmó la abogada Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, en rueda de prensa en la que también presentaron un informe sobre la situación de los presos políticos en el país.
La abogada explicó que han recibido denuncias de que algunas personas son retiradas de sus oficinas y casas por sujetos que no pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado.
“Queremos hacer un llamado al ministro de Justicia, que quizá él no sepa de esta situación. No es posible que personas armadas estén realizando estas detenciones sin que haya una orden de un tribunal. Los familiares van reiteradamente al Dgcim a preguntar y al Sebín y les niegan que ellos estén ahí”, agregó.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, debe tomar cartas en este asunto, prosiguió Camejo, quien calificó los hechos de “desapariciones forzadas” de “no solo civiles”. “También hay militares de las diferentes fuerzas; varios funcionarios de la Armada, del Ejército que han salido de sus comandos y no han regresado”.
Los letrados afirmaron en rueda de prensa que en Venezuela hay una nueva política de Estado basada en la persecución, las torturas y detenciones arbitrarias de personas solo por tener ideas distintas a las del Gobierno.
“Tenemos 373 presos políticos (…), presos del poder: 235 de la sociedad civil, 82 militares, 17 políticos, 22 estudiantes, 13 y policías y 30 mujeres”, reveló Omar Mora Tosta, quien catalogó de “intolerable” la existencia de presos políticos.
Casos puntuales
Durante el encuentro los abogados se refirieron de manera particular a algunos casos como el de Raúl Isaías Baduel, quien se encuentra recluido en la sede del Sebín conocida como La Tumba, un lugar del que han recibido denuncias de “tortura blanca”.
Sobre el caso del capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, denunciaron la persecución contra su abogado, Luis Argenis Vielma, luego de que funcionarios del Dgcim retuvieran y golpearan a sus familiares e inclusive acudieran al colegio de sus hijos “en busca de información”.
Acerca del caso del piloto Óscar Pérez informaron que “van alrededor de 32 personas presentadas en tribunales militares”, todas detenidas de forma forzada.
Entre el grupo de detenidos se encuentran ocho tenientes y un primer teniente. “Les están imputando los delitos de traición a la patria, rebelión militar, y sustracción de elementos militares de la Fuerza Armada Nacional”, precisó Camejo.
En las actas procesales de estos uniformados “no se determina de qué forma estas personas son cómplices con el ciudadano Óscar Pérez y no especifican ni por qué, ni para qué están siendo investigadas”.
Mora Tosta concluyó señalando que las denuncias acerca de tratos crueles y desapariciones forzadas “se han documentado y enviado a instancias internacionales para que tengan conocimiento de lo que se está haciendo en Venezuela”.