¿Qué habría pasado si el 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez, luego de su rendición, cuando no existían los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad, los grupos de las entonces Fuerzas Armadas, alegando un “enfrentamiento” con rebeldes, lo hubiesen asesinado y jamás la población hubiera visto aquel “Por ahora” que lo elevó a la cúspide política y militar?
¿Acaso de haberse torcido en aquel día el rumbo de la historia, Carlos Andrés Pérez no habría sido sancionado y enjuiciado por las instituciones políticas y judiciales que en ese tiempo terminaron por destituirlo y acusarlo de corrupción? ¿Si Hugo Chávez en ese 4 de febrero lo hubiésemos visto muerto los venezolanos atravesado por balas, será que no habrían aparecido periodistas como un Vladimir Villegas u organizaciones defensoras de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigiendo una investigación inmediata por el asesinato del líder militar?
Por otra parte, en el medio de todo este contexto que vivimos los venezolanos, el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), que surgió luego de aquel 27 de febrero de 1989, cuando un pueblo saqueó miles y miles de comercios en la región capital, y cuyas acciones hoy se repiten a lo largo y ancho de cualquier ciudad, pueblo o carretera del país, ¿por qué hoy todos los recursos y denuncias que interpone esta organización y similares ante las instancias jurídicas correspondientes por lo que está pasando en Venezuela no tienen eco en tales “instituciones”?
Y en toda esta cruda realidad de mucho sufrimiento social que vive el país, cuando tenemos un pueblo que pasa hambre, enfermos sin medicinas, una delincuencia desatada sin precedentes, y un gobierno hegemónico que emplea cualquier argucia para controlar jurídicamente el poder político, y arremeter contra sus opositores y la disidencia, sobre quienes no le tiembla el pulso para acusarlos de cualquier exabrupto anticonstitucional, es evidente que dentro de los cuerpos policiales y la propia fuerza armada, también como parte de la sociedad, surgen voces disidentes, quienes así como Chávez lo acompañaron de manera rebelde en 1992 por las acciones que generaba y ejecutaba un gobierno neoliberal, es obvio que en la actualidad no debe extrañarnos que haya grupos armados desde el interior de esos órganos que se manifiesten contra la realidad que padecemos como pueblo.
¿Qué pretende Maduro y la cúpula perversa que le acompaña? ¿Que en el medio de su gobierno que ha desatado la mayor inflación de nuestra historia contemporánea, acompañada de una terrible escasez de alimentos y medicinas, con un caos en los servicios públicos, la destrucción de la empresa petrolera, y escándalos de corrupción nadie se levante en su contra?
Por ello, cuando escuchamos por primera vez el nombre de Oscar Pérez, el día que sobrevoló aquel helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) como ex inspector de esa institución policial sobre la ciudad de Caracas¹, mostrando aquella imagen pintada con el artículo 350 de la Constitución, el madurismo supo desde el inicio que tenía un grupo que eliminar en el futuro inmediato, so pena de que algunos de sus miembros de cúpula política pudieran ser objeto de alguna acción de rebelión por quienes integraban ese grupo tipo comando, liderado por el experto policía y operador de naves aéreas.
A partir de allí, Oscar Pérez se hizo noticia por sus permanentes intervenciones a través de las llamadas redes sociales, entre otros aspectos llamando a desconocer al gobierno, resaltando en esas acciones aquella en donde se atribuyó el asalto de un comando militar, en donde, por cierto, el video que fue mostrado a través de las mismas redes, se hace mención y se comprueba que nadie resultó herido en tal acción de pleno desafío al gobierno de Maduro y la cúpula militar.
En consecuencia, lo ocurrido este 15-1-2018, curiosamente el Día del Educador, fue un día de guerra en Venezuela. Lo que pudo haber sido un día de amplia reflexión por el conocimiento, y el encontrar espacios para el debate sobre el proceso educativo fue un día de guerra en Venezuela. Lo que pudo haber sido un día para señalar las condiciones de vida de los estudiantes y los docentes, fue un día de brutales despliegues por “cuerpos de seguridad”. Lo que pudo haber sido un día de encuentro entre quienes discrepamos sobre lo que ocurre con la educación en Venezuela, en relación con la planta física, la dotación, la alimentación de nuestros niños y adolescentes, así como las complejidades que vivimos como sociedad, se convirtió en un día de plomo y sendas acciones policiales y militares contra Oscar Pérez y su grupo.
¿El saldo de tales hechos? Según versiones del gobierno, varios fallecidos, entre ellos dos policías, y de manera oficial el “desmantelamiento” del grupo “terrorista” como lo llama el madurismo, que hasta el momento no precisa mayores detalles de los nombres entre heridos, muertos y detenidos de quienes integraban el grupo rebelde. Ahora bien, Vladimir Villegas asegura que Oscar Pérez fue asesinado³ y exige por “bien del Estado” una investigación imparcial. No obstante, tomándole la palabra a Vladimir: ¿quiénes pueden realizar una “investigación imparcial” de estos hechos y acciones? ¿Acaso Tarek William Saab como “fiscal” general de la república, una “comisión” designada por la cúpula de la “constituyente”, miembros de los actuales tribunales? ¡No, Vladimir! La única manera de descifrar lo que realmente ocurrió será con la salida de este gobierno que controla todas las instancias del Estado, y sobre quien, no tengo dudas, si hasta el momento de redactar estas líneas no ha proporcionado semejante información (y asumo con total responsabilidad lo que aquí escribo) es porque está preparando el guion del “asalto terrorista”, y seguramente negociando con los sobrevivientes, con todo el poder del chantaje y el amedrentamiento político y judicial, “beneficios” o condenas para estos, a partir de sus declaraciones sobre las acciones tomadas por el madurismo en la masacre de El Junquito.
Si Chávez hubiese sido asesinado aquel 4 de febrero, el statu quo de esos años no hubiese podido torcer el rumbo de la historia. Maduro, Cabello, El Aissami, Padrino, así como la cúpula de la “constituyente”, el malogrado “poder judicial” y las criptosufragantes de la directiva del “poder electoral” tienen que asumir, que ni con la emigración de millones de venezolanos, ni con la muerte por hambre y medicinas de niños, adultos o ancianos, el asesinato de miles de ciudadanos en las calles por culpa de la delincuencia, o la muerte de Oscar Pérez por razones políticas, imputadas en máximo grado por una acción policial ordenada desde lo más alto del poder, ninguno de esos hechos, aunque pareciera que benefician al gobierno, evitarán su desenlace de autodestrucción.
En síntesis, el asesinato de Oscar Pérez se ha convertido en el génesis y apocalipsis del madurismo por razones de controvertidas acciones políticas que, sumadas a la quiebra económica del país, no podrán quebrar el rumbo de la historia, y esa historia llevará a su final al más nefasto y violador gobierno que hemos tenido los venezolanos en materia de derechos humanos. Desde el momento de la implosión social⁴, ni el asesinato de Oscar Pérez evitará la salida de Maduro del poder. A propósito de ser ciego, quien tenga ojos que vea.