Representantes de la comunidad portuguesa de Venezuela pidieron este domingo al ministro de Exteriores de su país, Augusto Santos Silva, ayuda ante las acciones del Gobierno venezolano contra los supermercados -muchos de ellos de propiedad lusa-, a los que obligó este fin de semana a vender a pérdida sus productos.
“Hoy no sé si estamos o no quebrados. La mayoría de nuestro ‘stock’ fuimos obligados por la fuerza a venderlo con un 50 % de descuento, más o menos, sin ningún tipo de argumentación”, le dijo al ministro el luso-venezolano Lisandro Rodrigues, de una de las empresas afectadas, citó la agencia de noticias EFE.
Rodrigues -que habló con Santos Silva durante un encuentro del político con la comunidad portuguesa en Caracas- denunció “gritos y amenazas” de los funcionarios venezolanos para que bajen los precios, y explicó que algunos comerciantes han sido encarcelados en el marco de las operaciones del Gobierno contra los comercios.
Haciéndose eco de las demandas de muchos de los presentes el domingo por la noche en el Centro Portugués de Caracas, el empresario de este sector liderado tradicionalmente por los portugueses en Venezuela pidió al ministro luso que transmita su preocupación al canciller venezolano.
Santos Silva está en Venezuela desde este fin de semana y se reunirá el lunes con su homólogo Jorge Arreaza.
El Gobierno culpa a comerciantes y empresarios de la situación de hiperinflación que atraviesa la nación petrolera, donde un salario mínimo apenas alcanza para alimentar a una persona una semana pese a los constantes incrementos decretados por el presidente Nicolás Maduro.
Desde el pasado mes de noviembre, el Ejecutivo ha desplegado inspectores, guardias nacionales y policías en comercios de todos los sectores, a los que ha obligado a bajar los precios para “garantizar la felicidad del pueblo” y permitir a la gente acceder a los productos.
Este fin de semana le tocó el turno a los supermercados, y las rebajas forzadas -que a menudo llevan a los comerciantes a tener que vender a pérdida- han provocado grandes colas y tumultos en numerosos establecimientos del país.
En su intervención, Santos Silva alertó de las consecuencias negativas de estas prácticas por parte del Gobierno chavista, al que ha emplazado a proteger al pequeño comercio. El jefe de la diplomacia portuguesa ha asegurado que tratará el tema de los supermercados en su reunión con Arreaza.
Entre los asistentes a la reunión había numerosos comerciantes y vendedores al por mayor, que han manifestado su esperanza en que el ministro conozcan la situación límite a la que les llevan los controles de precios, el racionamiento de materias primas y otras políticas del Gobierno venezolano.
“Queremos que sepa las vagabunderías que nos hace este Gobierno“, cuenta un panadero nacido en Madeira, que se queja de la escasez de harina y de levadura y dice haber sido obligado a vender a pérdida buena parte del año.
El presidente del Centro Portugués, Rafael Gomes, criticó ante el ministro la “falta de apoyo” y la “indiferencia” de un Gobierno de Lisboa “que nunca se pronuncia” ante unos ciudadanos lusos que son “secuestrados, expropiados de sus negocios”.
“Estamos cansados de discursos. Agradecemos las palabras, pero necesitamos acciones”, dijo Gomes ante el aplauso emotivo del auditorio.
Durante el acto, una ciudadana portuguesa pidió ayuda para un trasplante de riñón que ya no se hace en Venezuela, y otra venezolana de origen portugués pidió asistencia para poder comprar una pila nueva del cardiodesfibrilador del que depende la vida de su marido, al que se le acabará la batería “en unos días”.
Según dijo el ministro Santos Silva, en Venezuela viven actualmente alrededor de medio millón de personas de origen portugués.
La mayoría de los inmigrantes portugueses en Venezuela provienen de la isla de Madeira, y llegaron al país petrolero buscando una vida mejor entre las décadas de 1950 y 1970.