“A través de documentos ilegales OLAFF PEREZ y WILLIAM VILCHEZ , han obtenido el control de dicho concesionario, todo ello por órdenes impartidas por estas mafias civiles y militares que hacen vida en el poder judicial venezolano , quienes me contactaron y amenazaron para fallar a su favor”
El poder judicial venezolano se ha convertido en una tienda de conveniencia de altos personeros del gobierno. El modus operandi se materializa mediante decisiones judiciales que esconden actos de corrupción y fraude, y que son validadas en todas las instancias con artilugios legales, para así complacer a amigos y conocidos de magistrados y funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. En particular, es posible afirmar sin ninguna duda que usando como mecanismo de presión, el nombre de los magistrados Guillermo Blanco Vásquez, Iván Bastardo Flores y Maikel Moreno (actual Presidente del Supremo Tribunal), se han cometido actividades delictuales de este tipo, para influir de forma decisiva en la resolución de controversias, llegando al extremo de invadir competencias de otros jueces de instancia (jueces de menor grado en la jerarquía judicial) usurpando así la misma investidura de estos, violando flagrantemente nuestra autonomía e independencia, logrando sus fines económicos mediante amenazas a jueces venezolanos que tienen a su cargo las decisiones de esos casos.
En mi caso particular, yo Juan Alberto Castro como Juez de Municipio en la ciudad de Caracas “me asignaron” una demanda de nulidad de las Asambleas de Accionistas del concesionario TOYOTA (en este caso Toyo Oeste, C.A.), y cuyo número de expediente es AP31-S-2016-006442 del que entiendo, según me fue posible conocer, este concesionario , es el más importante de la red TOYOTA en Venezuela, a los fines de avalar judicialmente una ilegalidad cometida por los ciudadanos Olaff Pérez Jaén y William Vilchez portadores del documento de identidad N.º V- 10.539.726 y V-10.823.479, respectivamente, quienes han aprovechado estos írritos e inmorales actos para celebrar negocios de grandes sumas de dinero, provenientes –la mayor parte- de actos de corrupción dentro de TOYOTA Y con altos personeros del gobierno venezolano.
Luego de múltiples llamadas y actos de amedrentamiento, tanto a mi persona como a mis familiares, a través de magistrados y en especial del General del Ejército, ciudadano Carlos José Armas López (hoy presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM), se me impuso “ayudar” a los accionistas minoritarios de dicho concesionario, ciudadanos Olaff Pérez y William Vílchez siendo la principal instrucción lograr mediante actuaciones judiciales que éstos obtuvieran “un aval legal” para el control (ROBO) del concesionario TOYOTA , TOYOOESTE, todo ello direccionado por la Presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y bajo la Aprobación de Toyota de Venezuela
Por su parte, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vilches , ciudadanos , Parra Saluzzo , Amir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, a sabiendas de que se estaba procediendo de forma contraria a derecho, interpusieron varios juicios creando una falsa controversia entre accionistas de ToyoOeste , para que en la sentencia de fondo, se estableciere que no había vicio alguno con las actas de asamblea fraudulentas, y de esa manera crear una sentencia que sirviera de precedente inmediato para eliminar los riesgos de eventuales juicios de nulidad por las asambleas ilegales.
Al analizar la documentación del caso, pude notar que se había realizado claramente un fraude para tomar control de TOYOOESTE a través de unas asambleas de accionistas ilegales y contrarias a los estatutos de la citada sociedad mercantil, mediante un aumento de capital y la emisión de nuevas acciones, siendo estas adquiridas fraudulentamente por el segundo de los implicados (William Vílchez), asumiendo así el carácter de accionista mayoritario a espaldas del resto de accionistas. Estas asambleas pudieron registrarse gracias al manejo directo que sobre Notarias y Registros ejercen estas Mafias y Militares ( Registro Mercantil Quinto , Chuao , registradora Zachencka López Marcano ). Inclusive, las partes (indicaron en mi despacho) que dicho capital nunca fue pagado, además de saber que no tenía las facultades para hacerlo, llegando al extremo de solicitarme que debía, en la forma que pudiese, eliminar o disminuir tanto como fuere posible al accionista mayoritario y legítimo propietario, ciudadano Carlos Nagel Markovic, quien supuestamente por instrucciones del Presidente del Supremo Tribunal, y del General antes mencionado, nunca entraría más en el concesionario en cuestión.
Para “facilitar aún más esta tarea”, me fue indicado que en los días próximos a esa reunión, lograrían bajo falsas acusaciones, una prohibición de salida del país al referido ciudadano y su hermana , siendo esta acción una vendetta personal promovida por el General Carlos José Armas López en respuesta a una denuncia que meses antes había interpuesto Carlos Nagel Markovic contra el mencionado General, en la cual se delataba el delito de extorsión cometido contra una de las empresas de las que es propietario (Blindados Oeste, ubicada en La Yaguara, Caracas, Venezuela), a la que permanentemente le exigía este funcionario castrense el pago de una comisión dineraria. Según tuve conocimiento, esta denuncia llegó a manos del General en Jefe Vladimir Padrino López quien la desestimó ya que el General en cuestión pertenecía a su entorno más cercano.
Así, al percatarme que Olaff Pérez luego de robarse y desaparecer la asamblea realizada legalmente por la empresa el 2 de jun 2016 ,donde claramente salía de la empresa (ToyoOeste),coordino con Williams Vílchez ,para que realizara otra convocatoria a la ya celebrada por la empresa ( convocatoria clandestina), contraviniendo el artículo 277 del Código de Comercio venezolano vigente, sin tener ninguna facultad para ello; al irrogarse una condición de accionista mayoritario mediante un aumento de capital pagado mediante inventario de bienes muebles (bienes muebles que nunca existieron) , en vulneración del artículo quinto del estatuto de la sociedad mercantil ToyoOeste, C.A., sin cumplir las formalidades de ley, me opuse de inmediato a lo que se me estaba solicitando. En ese momento me quedó clara la forma fraudulenta, engañosa y manipulada con la que este se apropió arbitrariamente del control de empresa sin consenso de los demás accionistas, contrariando la legislación, los estatutos mercantiles y las formas que rodean la realización de aumentos de capital en el ordenamiento jurídico venezolano.
Por si fuera poco, se puso a disposición de estos ciudadanos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) , CICPC , del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), para que actúen amedrentando e intimidando a todos aquellos que manifiesten alguna resistencia a avalar dichos fraudes, entre ellos jueces, abogados y trabajadores que se oponían a tal arbitrariedad. Tales cuerpos de seguridad actúan bajo la orden y complacencia del General Carlos José Armas López, quien ha estado informado en todo momento de la comisión de los ilícitos aquí narrados, colaborando directamente para su ejecución.
En dicho juicio, además, me obligaron a dictar medidas preventivas y proceder lo antes posible, ante las inminentes demandas de los 2 accionistas perjudicados, negando además el acceso de terceros al expediente fuera del alcance de cualquier persona. En términos prácticos: todo juicio de nulidad contra esas asambleas, que fuere interpuesto por Carlos Nagel Markovic o por cualquier otro accionista de la empresa, tendría que conocerlo el Tribunal en el que se hubiere logrado primero la citación de la demandada, es decir, el Tribunal que estaba a mi cargo según el Código de Procedimiento Civil venezolano vigente. En este caso, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vílchez se sentían más confiados en mi Juzgado, precisamente por las órdenes y las amenazas que había recibido.
Intentaron “comprar mi conciencia” con miles de dólares, pero jamás acepte ningún monto, intentaron persuadirme bajo la excusa de que el magistrado Maikel Moreno ya habían cobrado altas sumas de dinero y por último, me dieron seguridad de que toda acción judicial que se tomare contra esas asambleas seria declarada improcedente.
La situación se agrava aún más cuando una demanda del accionista Carlos Nagel Markovic fue conocida por un Tribunal de mayor jerarquía, a saber, el Tribunal Octavo de Primera Instancia Civil en Caracas, en el expediente N.º AP11-M-2016-000240. Vale destacar que el juez de este Tribunal intentó detener el atropello antijurídico que se estaba cometiendo, recibiendo como respuesta constantes inspecciones de parte de la Inspectoría General de Tribunales, solicitadas por el magistrado Guillermo Blanco Vásquez e inclusive siendo posteriormente destituido por el magistrado Iván Bastardo Flores, lo mismo le ocurrió a la juez Zobeida Romero quien también dictó medidas a favor del real propietario de las acciones, y por ello fue objeto de un acoso laboral inclemente y hoy por hoy ya no pertenece al Poder Judicial por este mismo asunto (fue “jubilada”). Nuevamente, el objetivo era claro: apropiarse del concesionario valorado en $20.000.000 y poder disponer de inmediato de su capital de trabajo ($2.000.000 ) a cambio de altas comisiones.
Todos los jueces que han tenido en su Tribunal algún expediente relacionado con el caso del fraude (robo ) hecho a la empresa ToyoOeste, C.A., han sido hostigados directamente por personas supuestamente vinculadas a los magistrados Guillermo Blanco Vásquez e Iván Darío Bastardo Flores , Maikel Moreno , quien prometió una sentencia favorable a los intereses de Olaff Pérez Jaén y William Vilchez; la cual en términos jurídicos sería irreversible por dictarla el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, como máxima autoridad judicial en el país. Por ello, al ser testigo directo de todos estos hechos, hoy denuncio formalmente que en Venezuela no existe algún respeto por la propiedad privada, más cuando en ella existe el interés de apropiación por cualquier medio, de parte de personas que ocupan altos cargos(carteles Judiciales ), quienes contrariamente a la decencia pública y sabiendo que cometen un delito, ponen a disposición de tales actos ilegales el aparataje del Estado para avalar los atropellos que se cometen en nombre de la codicia y el poder.