Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, introdujo este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento, cuyos magistrados están exiliados, un recurso de nulidad y un amparo cautelar contra el decreto del Arco Minero.
Señaló que la explotación de minerales en el estado Bolívar está afectando a la población. Además, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro busca con estas medidas oficializar las estructuras mafiosas y cívico militares que están tras la explotación de los minerales y beneficiar los intereses de las grandes compañías a las que les han otorgado los contratos.
«(Esto) es una reivindicación a la soberanía nacional. El gobierno de Maduro, en su afán de estar en el poder y de recibir oxígeno, porque está ahogado, porque todo el dinero se lo han robado, ha hipotecado a la nación y los valiosos recursos naturales que se encuentran en Bolívar», indicó en rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación colombianos.
Ortega Díaz dijo que buscan proteger el ambiente de una zona con una amplia biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas que viven en la zona. «Se han visto atacados, expulsados de su lugar de origen. Ellos nunca fueron consultados».
Advirtió que con el Arco Minero se producirá un daño irreversible a los monumentos naturales del país, tales como los tepuyes, la parte baja del Caroní y las reservas forestales de Imataca.
«Las cabeceras del Caroní ya están comprometidas. La minería a cielo abierto, que es lo que hace el Arco Minero, también contamina los suelos y las aguas. En esto se utiliza cianuro, que es un contaminante: el daño que puede hacer a los suelos es irreversible. Si contamina las aguas, traerán enfermedades como la malaria (…) El cianuro trae como consecuencia cáncer de piel, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, y otras tantas», describió.
La fiscal general, que tuvo que salir del país por la persecución del gobierno, dijo que con la demanda apunta a advertir al mundo que los convenios con el Arco Minero se firmaron se manera ilegal, pues no los aprobó la Asamblea Nacional.
Señaló que una vez admitido el recurso por el TSJ, será enviado el oficio a los organismos internacionales. Advirtió a los países que están inmersos en las negociaciones del Arco Minero que sus contratos serán desconocidos cuando retorne el Estado de derecho a Venezuela.