La reciente detención por presunta corrupción de seis funcionarios de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, abre una discusión sobre lo que puede estar sucediendo en la empresa más importante del país, prácticamente nuestra única fuente de ingresos como nación.
Más allá de lo que puedan arrojar estas investigaciones a los implicados, cabe tomar el momento como el adecuado para hacer un llamado a tomarnos muy pero muy en serio a esta empresa, que, dado lo medular que es para nuestra supervivencia, debe ser administrada rigurosamente y con criterios de la más absoluta excelencia, con el fin de poder confiar en ella como pilar fundamental de la economía nacional.
Según la versión oficial, los funcionarios señalados habrían renegociado las deudas de Citgo en condiciones adversas a los intereses nacionales, colocando sus activos en Estados Unidos como garantía. Adicionalmente, la versión oficial ha dado a conocer que el intermediario de la negociación obtuvo un beneficio del cinco por ciento del monto refinanciado, también en detrimento del patrimonio venezolano.
Este es una situación que apenas se inicia y por lo mismo, falta mucho por saber al respecto. Sin embargo, tomando lo poco que sabemos como una hipótesis, cabe preguntarse cuántos desatinos administrativos se estarán cometiendo puertas adentro de lo que muchos han dado en llamar “La gallina de los huevos de oro” de Venezuela, y eso es también extrapolable a toda la administración pública en momentos en los que la economía nacional está atravesando por una etapa extremadamente delicada.
Este caso sale a la luz pública en medio de una anunciada cruzada anticorrupción que ya ha implicado a unos cincuenta funcionarios al momento de escribir estas líneas.
No queda más que otorgar el beneficio de la duda a esta iniciativa, ya que, visto el avasallante poder que ha ostentado el oficialismo en estos años, no hay otra manera de atajar estos males y otros tantos, que no sea una rigurosa autorrevisión y acciones que vengan desde el mismo seno gubernamental.
Sin embargo, es lamentable -en medio de esta situación- el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que ha marcado la vida pública nacional es que, en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional fuera ganada por una clara mayoría no afecta al oficialismo, lo cual sería lo deseable en cualquier lugar del mundo, para hacer real el equilibrio de poderes ideal que es la base de la verdadera democracia.
Y decimos esto, porque se trata de una instancia contralora por excelencia, cuyo deber está enfocado justamente en meter la lupa a este tipo de situaciones.
Justamente, a raíz de toda esta situación, el Parlamento aprobó un acuerdo en el que le pide al Gobierno Nacional un plan de gestión para atender la situación de la industria petrolera en el país, que incluye también que se plantee la forma en la que se gestionará la deuda externa de Pdvsa, detonante del caso que nos ocupa.
El Legislativo también solicita al Gobierno Nacional información sobre la administración de la petrolera y sus filiales, debido a que hay incertidumbre sobre el manejo de la compañía, demostrado por estas mismas informaciones ocultas que salen hoy a la luz.
El Parlamento quiere revisar también los controles sobre la actividad petrolera y que se le informe sobre la cantidad de bienes que posee la empresa, según el acuerdo emanado de esta reciente sesión.
Al parecer, e insólitamente, hay en este caso coincidencias de puntos de vista entre la AN y la Fiscalía General de la República, cosa que es toda una novedad en medio de los virulentos enfrentamientos entre poderes que han caracterizado a nuestra patria en los últimos quince años.
Si no nos viéramos como enemigos, más allá de los puntos de vista radicalmente opuestos sobre cómo llevar a buen puerto a la maltrecha Venezuela de la segunda década del siglo XXI, podría existir entre ambos poderes una coordinación y una colaboración que tuviera como fin último el bienestar de todos.
Y esto es un llamado para que tan importante instancia vuelva a ocupar su lugar en la estructura de poder nacional, lo cual no puede sino beneficiarnos a todos.
Una situación tan delicada, requiere de pluralidad para ser manejada, en principio porque todos los venezolanos merecemos por derecho tener representantes que nos rindan cuentas de estos casos, visto que todos, por el simple hecho de ser venezolanos, somos accionistas de Pdvsa, así como de toda la administración pública nacional.
Quizá este sea el momento y la circunstancia, no solamente para sanear la administración pública nacional, sino también para ordenarla y para entregar cuentas de su manejo a todos los venezolanos.
Vía: El Universal