Poco después de la medianoche del viernes, la Corte Suprema respondió a un recurso de emergencia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en el que solicitaron que interviniera ante el traslado de migrantes venezolanos a El Salvador desde un centro de detención en Texas.

La organización alegó que el gobierno de Trump viola una decisión judicial al querer expulsar a los inmigrantes venezolanos sin darles un tiempo razonable para defender sus casos, reseñó EFE.

Trump se ampara en Ley de Enemigos Extranjeros

El presidente invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos. Los acusa de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional calificada como terrorista.

El uso de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición y de expertos juristas que hablan de una crisis constitucional en EE UU.El recurso de la administración Trump argumentó que la demanda de emergencia que ACLU presentó fue «terriblemente prematura» porque «se saltó» a los tribunales de menor instancia.

A su vez, alegó que el gobierno avisó a los migrantes con «antelación» antes de empezar el proceso de deportación a El Salvador. Señaló además que la administración se ha comprometido a no expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros.

Sin embargo, ACLU detalló el viernes, y confirmó el sábado el gobierno, que los oficiales del centro de detención Bluebonnet en Texas le entregaron a los migrantes venezolanos un documento informándoles que serían expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros.