La máxima instancia judicial del país suspendió en las primeras horas del sábado la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde el estado de Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras una orden del gobierno de Trump invocando una ley del siglo XVIII utilizada únicamente en tiempos de guerra.
El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución.
“Literalmente en mitad de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (…) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda”, argumentó Alito en un escrito.
“No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesaria o apropiada”, agregó.
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