En el documento, Sirce Owen escribió que los jueces (adjudicadores e la EOIR) “tienen el deber de gestionar eficientemente sus expedientes” y agregó que, de los casi 4 millones de casos acumulados en el expediente de la Corte, “se desprende claramente que esto no ha sucedido”, en referencia a la falta de un manejo expedito.
“En consecuencia, este Memorando de Política (MP) deja claro que los adjudicadores no tienen prohibido tomar —y, de hecho, deberían tomar— todas las medidas apropiadas para resolver de inmediato los casos en sus expedientes que no cuentan con vías legales viables para obtener alivio o protección contra la expulsión”, detalla.
La nueva política explica que los extranjeros en proceso de deportación (donde tienen la oportunidad de pedir asilo) “tienen la carga de demostrar su elegibilidad para cualquier tipo de amparo o protección contra la deportación” y que, “si un extranjero no demuestra su elegibilidad para el amparo, dicha solicitud generalmente puede ser previamente cancelada”.