En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington declaró que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y echó mano de una norma de 1798, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, lo cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial.
Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, al que las autoridades migratorias reconocieron que expulsaron por error puesto que un juez en 2019 había concedido el bloqueo a su deportación por que devolverlo a su país pone en riesgo su vida.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo ordenó asegurar su retorno al gobierno federal, que ha puntualizado sus limitaciones en este terreno al no estar ya Ábrego García bajo su custodia.
Por su parte, Miller argumentó hoy mismo que a Ábrego García no se le deportó por error porque «las órdenes de protección (a la deportación) no se aplican a las organizaciones terroristas extranjeras por razones obvias», pese a que el propio Gobierno reconoció que se le expulsó por error y no han aportado pruebas de pertenecer a ninguna organización criminal.