Los fallos se producen en demandas de emergencia que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó tras la decisión de la Corte Suprema de levantar una orden de restricción temporal que desafiaba el uso por parte del presidente Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. En su fallo del lunes, también sostuvo que las personas objeto de expulsión en virtud de la ley tienen derecho a impugnar sus deportaciones y deben tener una notificación previa, lo que impulsó a nuevas demandas.
En el caso de Texas, el juez del distrito sur Fernando Rodriguez Jr., designado por Trump, ordenó al Gobierno que no transfiera, reubique o expulse a los demandantes o “cualquier otra persona que los demandados afirmen que están sujetos a expulsión por la proclamación”.
La orden expira el 23 de abril, y el juez considerará una posible prórroga tras una audiencia el viernes.
Los denunciantes en esa demanda se describen en los documentos judiciales como “hombres venezolanos bajo custodia de inmigración amenazados de expulsión inminente por la proclamación del presidente”. Uno de los demandantes, identificado en los documentos judiciales con las iniciales J.A.V., se encuentra actualmente bajo custodia en el centro de detención de El Valle, en Texas, tras haber estado “a punto de ser expulsado” el 15 de marzo.
Los abogados de J.A.V. presentaron un recurso de hábeas corpus en el que detallan su historial, revelan que es seropositivo y niegan que pertenezca a una pandilla. Sus abogados dicen que buscaba asilo cuando llegó a Estados Unidos.
“J.A.V. solicita asilo sobre la base de sus opiniones políticas y su temor a sufrir daños y malos tratos por parte de múltiples grupos delictivos, incluido el Tren de Aragua, debido a su orientación sexual”, escribieron los abogados.
La demanda y la petición de hábeas corpus presentadas por la ACLU en Texas piden al tribunal que revise la legalidad de la detención de los peticionarios y que ordene su puesta en libertad si se determina que la detención es ilegal.