La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, celebró el fallo como “una victoria histórica para el Estado de derecho”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que “un juez activista en Washington, D.C., no tiene jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump para dirigir la política exterior y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

 

Bondi también aseguró que el Departamento de Justicia seguirá defendiendo esta postura en los tribunales.

El caso llegó al máximo tribunal tras un recurso de emergencia presentado por la Administración Trump. Esto ocurrió luego de que una corte federal de apelaciones en Washington mantuviera vigente una orden del juez James Boasberg, emitida el 15 de marzo, que bloqueaba temporalmente el uso de la ley. La Corte Suprema determinó que los procesos legales relacionados deben realizarse en Texas, no en la capital estadounidense.

 

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