Los detenidos por ser objetivos del chavismo tienen menos derechos que aquellos que están tras las rejas por crímenes como asesinatos o violaciones.
Por Sebastiana Barráez/infobae
Caer preso en Venezuela se convierte automáticamente en la pérdida de los derechos. Es indiferente si se es civil o militar. Lo que hace la diferencia es si ese detenido está ahí por razones políticas y adversa al gobierno de Nicolás Maduro, porque entra en la espiral más brutal de la negación de sus derechos incluyendo el debido proceso. Si es asesino, narco, violador, secuestrador, seguro que recibe mejor trato.
Es así como los presos políticos son cambiados arbitrariamente de un sitio de reclusión a otro, sin orden ni conocimiento del juez de la causa. Si un tribunal ordena que un detenido sea enviado a Ramo Verde, no es garantía de que la orden se cumpla. Tampoco lo es si un juez cursa la boleta de excarcelación de uno de ellos.
Cualquier excusa es aprovechada al máximo para violentar los derechos de los detenidos y sus familiares. Ocurre con el Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien fuera ministro del Interior de Nicolás Maduro y uno de los hombres claves para la llegada de la Revolución Bolivariana al poder.
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Y también está ocurriendo con el Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, presos desde mayo 2018 y es el único del grupo de los Comandos del Mar que ahora fue ora vez recluido en la Casas de Los Sueños en los sótanos de la DGCIM. Algunos de esa causa han salido en libertad como ocurrió, al inicio de la pandemia, con el capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo.
El jueves 3 de noviembre Rodríguez Torres y De La Sotta Quiroga fueron trasladados, sin anuncio previo, sin orden del juez y sin conocimiento de la familia, desde la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna hasta los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
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La situación no sería tan perversa si se le respetaran sus derechos esenciales. El régimen ordenó acelerar los juicios engavetados desde hace años, para sustentar el informe con el cual el gobierno de Maduro pretende responder al de la Misión de Determinación de los Hechos. Después de años de tortura física y psicológica ni siquiera les permiten, a determinados presos que van a juicio, tener acceso a papel y lápiz para apuntar su defensa.
Una de las características de los fiscales militares es presentar como su testigo principal a quienes hacen las actas de investigación contra los imputados. En la mayoría de los casos esas actas son fabricadas, sin prueba alguna, muchas cargadas de comentarios o de débiles testimonios de personas dispuestas a venderse como delator.
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La madre de uno de los comandantes detenidos se pregunta indignada “cómo permite el juez que un torturador como Becerra, denunciado ante la ONU, por cometer delitos de lesa humanidad, que no prescriben, sea testigo fundamental de la fiscalía militar para acusar a los imputados. Debe ser desestimado como testigo, porque no tiene cualidad para testificar”.
No permiten que el juicio sea público “porque así saldría todo el horror, que todos han declarado sobre las torturas que les hicieron. Los jueces que llevan los casos, que son tres, han solicitado al Ministerio Público que inicie la investigación sobre esas denuncias contra los torturadores”.
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En el Tribunal
1. La obligación de que el juicio sea público. La excusa del Covid y la publicidad no se soporta en ninguna base válida.
2. El comandante Igber Marín Chaparro ha permanecido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sin que se cumpla su traslado al centro de reclusión que le fue asignado desde la presentación, Ramo Verde.
3. Igual que el resto de los tribunales militares ignora las denuncias de torturas hecha por los imputados. Se le suma que la Fiscalía Militar no quiere actuar ante un hecho evidente de violación de derechos humanos.
4. Hay actos discriminatorios contra algunos detenidos, como ocurre con la saña aplicada contra el comandante Marín a quien no le permiten compartir la hora del almuerzo con su familia.
5. Permite que sea presentado como testigo un individuo a quien varios presos de DGCIM identifican como torturador.