La ONG indicó que el régimen chavista ha permitido la creación de un nuevo grupo guerrillero dirigido por la disidencia de las FARC, mientras que el ELN administra una parte de la distribución de alimentos del programa CLAP.
Por sebastiana Barráez/infobae
El 6 de agosto 2020 en misiva entregada a Alejandro Celis, Fiscal Superior del estado Táchira, el director de Fundaredes, profesor José Javier Tarazona Sánchez, expresa la forma perversa de influir la guerrilla en los resultados electorales venezolanos, “siendo visible el trabajo subversivo y de coacción a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.
Destacó que desde el 2005 ha denunciado “la presencia y actuación de los grupos armados irregulares Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano con la complicidad del Régimen de Nicolás Maduro, quienes con su actuación vienen violentando sistemáticamente los derechos humanos de la población en las entidades donde éstas organizaciones terroristas operan, que en total suman ya 17 estados del país de acuerdo a nuestra documentación, aunado a la realización de un sin número de actividades ilegales”.
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A juicio de Tarazona “esa situación que ha traído consigo un terreno fértil para que dichos grupos terroristas avancen en el proceso de reclutamiento y adoctrinamiento, al igual que la población migrante que termina siendo captada por los grupos en el paso fronterizo o en el recorrido como caminantes que hacen en las carreteras nacionales de Colombia”.
Nueva guerrilla
Destacó que la Fundación “ha documentado la distribución de las cajas de alimentos CLAP por parte del ELN con propaganda de dicha organización en varios estados de Venezuela, situación que evidencia la relación que tiene con organismos del estado venezolano, sumado al faltante de municiones y armas de guerra en batallones de la Fuerza Armada venezolana que han sido entregadas por órdenes del Ejecutivo a estas organizaciones terroristas”.
Dice que “mientras en Colombia se firmó el Acuerdo de Paz, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido la creación de un nuevo grupo guerrillero dirigido por la disidencia de las FARC denominado Colectivo del Pueblo, dotándolo de armas y garantizándole su actuación resguardada”.
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Lamentó que el 30 de marzo 2020 Nicolás Maduro Moros, en contacto telefónico con el programa “La Hojilla” en Venezolana de Televisión (VTV) llamó al pueblo a “identificar a posibles grupos de mercenarios que habrían ingresado al territorio nacional durante la autodenominada “noche más oscura de marzo” a través de la inteligencia social, para evitar que ejecuten los planes conspirativos y terroristas develados recientemente”. “Si le tocan un pelo a un solo líder de este país, ustedes se arrepentirán para toda la vida y se lo digo a la oligarquía colombiana, esa que gobierna”.
Así se generó cantidad de mensajes de odio contra activistas de DDHH y políticos opositores al régimen. “En la madrugada del 31 de marzo 2020, me desperté repentinamente al oír la alarma de seguridad de un vehículo; al asomarme por el balcón vi arrancar un vehículo con las características de los carros oficiales del estado venezolano, donde se desplazan funcionarios del SEBIN, FAES y en ocasiones colectivos armados, que, como es del conocimiento de ustedes, trabajan de la mano con los organismos de seguridad, tenía vidrios ahumados por lo cual no puedo señalar cuántas personas se trasladaban allí”.
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Las amenazas
En Venezuela es constante el ataque y la amenaza contra quienes piensan diferente al gobierno de turno. “En la gran mayoría de los casos esas amenazas dejan de serlo y se materializan bien sea en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, homicidios, secuestros y un sin fin de maniobras que usa el estado venezolano para enviar mensajes y atemorizar a la población ya que no sólo atacan al activista o líder político, sino a su núcleo familiar, padres, hijos o pareja”.
“Al no existir seguridad jurídica, estado de derecho, separación de poderes e instituciones legítimas, se hace imposible acudir ante los organismos de seguridad, a quienes por ley les corresponde investigar hechos como estos, pues lamentablemente ellos trabajan de la mano con grupos armados irregulares, colectivos y hampa común lo cual conlleva a un alto grado de indefensión ya que el estado venezolano no brindará protección alguna y nos hace incluso más vulnerables al exponernos al escarnio público”.
“Al marcar mi vivienda me hace blanco fácil para que adeptos al gobierno agredan a mi madre, una señora de la tercera edad, a mi hijo, un adolescente de 13 años y a mí, así como nos hace presa fácil de los cuerpos de seguridad para llevarnos detenidos sin causa justa, allanar nuestra vivienda, destruirla, atentar contra nuestra integridad física y psicológica y sin duda nos expone para que cualquier persona atendiendo el llamado de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello nos cause lesiones graves, incluso, la muerte”-
Recordó el profesor Tarazona que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH “a quienes les expresé mi temor por las amenazas recibidas y en virtud de ello solicité formalmente, Medida Cautelar de protección para mi familia y para mí, por existir elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. El 01 de julio de 2020 fui notificado que el 18 de junio, la Comisión adoptó la Resolución N° 30/2020, mediante la cual la CIDH otorgó medida cautelar solicitada”.