Los senadores han dado luz verde, por 22 votos a favor, once en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley «antiencapuchados», un primer paso para su aprobación definitiva
El Senado de Chile ha aprobado este jueves el proyecto de ley «antiencapuchados«, uno de los muchos enviados por el Gobierno de Sebastián Piñera al Congreso con el propósito de resolver la crisis política desatada por las masivas protestas contra la desigualdad social.
Los senadores han dado luz verde, por 22 votos a favor, once en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley «antiencapuchados», un primer paso para su aprobación definitiva.
El borrador propone endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos durante actos públicos y, específicamente, contra quienes lo hagan ocultando su identidad. Las penas van desde 541 días hasta tres años de cárcel.
No es primera vez que el Congreso debate una iniciativa de este tipo. Durante el primer mandato de Piñera (2010-2014) se impulsó la llamada ley Hinzpeter para evitar el uso de capuchas en manifestaciones.
El visto bueno del Senado ha llegado un día después de que el presidente chileno urgiera al Congreso y a los partidos políticos representados en él a aprobar proyectos de ley que considera «absolutamente necesarios» para frenar la violencia y así centrarse en la solución política a la crisis social.
«Llegó el momento de decir basta, el Gobierno está haciendo su trabajo«, dijo Piñera en una comparecencia desde La Moneda tras celebrar una reunión de urgencia con su Gabinete.
Crisis en Chile
Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional.
Unas 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado violaciones de los Derechos Humanos a manos de las fuerzas de seguridad.
Piñera, que inicialmente respondió declarando el estado de excepción y desplegando militares, pidió perdón a los chilenos por no saber «escuchar», anunció una «agenda social» y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. También se ha embarcado en un proceso constituyente. Pese a ello, las protestas continúan.
FUENTE: EUROPA PRESS