Un juez federal de primera instancia en Miami emitió una acusación formal contra tres personas de Florida y una más de Georgia señaladas de cometer delitos graves relacionados con fraude bancario y robo de identidad.
Los acusados, Patrick Ductant, Kervens Saint-Hilaire y Vladimir Saint-Hilaire, enfrentan cargos que incluyen conspiración, fraude bancario y electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Además, Terri Shana Davis de Marietta, Georgia, también ha sido acusada formalmente de conspiración y delitos de robo de identidad con agravantes.
Una investigación mostró que desde octubre de 2019 hasta mayo de 2021, los implicados presuntamente obtuvieron de forma ilegal información de identificación personal («PII») de víctimas desconocidas.
Según la Fiscalía del Distrito Sur, esas personas utilizaron la información para solicitar y recibir préstamos bancarios, abrir cuentas bancarias, adquirir tarjetas de crédito y débito, y llevar a cabo transacciones financieras fraudulentas.
La acusación formal también alega que los acusados utilizaron ilegalmente la información de identificación personal para obtener fondos de ayuda destinados a mitigar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.
Estos recursos económicos fueron proporcionados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a través de programas como los Préstamos por Daños Económicos (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
La acusación también sostiene que Terri Shana Davis, a través de su empleo en una empresa en Atlanta, Georgia, vendió y suministró parte de la información de identificación personal utilizada en la comisión de estos delitos.
Este detalle resalta la complejidad y el alcance de la red delictiva supuestamente encabezada por los acusados, de acuerdo con los fiscales.
Si los acusados son declarados culpables, se enfrentarán a duras condenas.
Patrick Ductant podría afrontar hasta 256 años de prisión, mientras que Kervens Saint-Hilaire y Vladimir Saint-Hilaire están expuestos hasta 260 y 216 años de prisión, respectivamente.
Terri Shana Davis, por su parte, se enfrenta a una posible condena de hasta 34 años de prisión.
Será responsabilidad de un juez de un tribunal de distrito federal determinar las sentencias finales, teniendo en cuenta las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales relevantes.
El anuncio de la acusación formal fue realizado por el fiscal federal Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida y el alguacil Gregory Tony de la Oficina del alguacil del condado de Broward (BSO).
La investigación de este caso ha sido llevada a cabo por la Oficina del alguacil del condado de Broward (BSO) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el apoyo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Fuente: DLA