El chavismo reacciona al último paquete de sanciones y acelera la arremetida política y judicial contra la oposición.
Florantonia Singer/ELPAÍS
El Gobierno de Nicolás Maduro declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa. La diplomática tiene un plazo de 72 horas para abandonar el país. Fue el canciller venezolano, Jorge Arreaza, el encargado de trasladar personalmente a Brilhante la expulsión, ordenada directamente por Maduro un día después de que la Asamblea Nacional pidiera al presidente echar a la embajadora.
Las medidas contra 19 funcionarios incluyeron la congelación de activos dentro de la UE y la prohibición de ingreso. Así respondió Bruselas a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, marcadas por la ausencia de candidatos opositores, serias irregularidades y una alta abstención. Los comicios no fueron reconocidos por la Unión Europea, EE UU y gran parte de las democracias de la región. Según la decisión de la UE, los sancionados socavaron la democracia en Venezuela. “Son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, dice el comunicado difundido el lunes y firmado por los Veintisiete.
La decisión europea afecta a los diputados José Brito y Bernabé Gutiérrez —que forman parte de un sector opositor coaccionado por el chavismo, los llamados alacranes— y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo. También al comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos; al gobernador del Estado de Zulia, Omar José Prieto; al fiscal militar Jesús Vasquez y los jefes policiales y militares de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas.
Con los nuevos sancionados, la lista negra de la Unión Europea pasa de 36 a 55 venezolanos, incluidos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, número dos del chavismo. Son más de 150 los funcionarios chavistas con sanciones internacionales de Estados Unidos, Canadá, Panamá y Suiza, entre otros países.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió el lunes un comunicado en el que consideraba las sanciones una “torpe decisión, cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”. Y hacía un llamamiento al bloque a cesar lo que consideró “agresiones imperiales”.
No es la primera vez que el chavismo carga contra la embajadora Brilhante. El 29 de junio del año pasado, Maduro ordenó su expulsión horas después de que Bruselas aplicara sanciones contra 11 funcionarios. La expulsión fue dejada sin efecto días después tras una conversación entre Borrell y Arreaza.
La reciente medida también tuvo reacciones en algunos sectores moderados de la oposición y la sociedad civil, que consideran que la presión se puede convertir en una cuña que frene la posibilidad de lograr un acuerdo político sobre las elecciones regionales de este año que, aún con los visos de ilegitimidad del nuevo Parlamento, está promoviendo otra renovación del árbitro electoral. El cambio en la Casa Blanca ha abierto un nuevo escenario sobre la crisis política venezolana en el que podrían relajarse las sanciones económicas. La política de Joe Biden con respecto a esto todavía no está clara.
Nuevas sanciones a Guaidó
La llamada parlamentaria a expulsar a la embajadora europea en Caracas coincidió con una nueva decisión judicial contra los principales referentes de la oposición. La Contraloría General inhabilitó al dirigente opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados para ejercer cargos públicos durante 15 años, con el argumento de que se negaron a presentar una declaración jurada de patrimonio tras dejar sus cargos el pasado 5 de enero. “Algo tienen que ocultar”, dijo el contralor, Elvis Amoroso, en un mensaje transmitido por la televisión pública.
La medida se suma a la inhabilitación que ya sufriera el propio Guaidó en marzo de 2019 por, también, negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio ese año. “Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres, nuestra lucha es por recuperarlas”, respondió Guaidó al conocer las nuevas sanciones que enfrenta.