El director de la Policía colombiana, general Jorge Luis Vargas, pidió este miércoles (08.09.2021) perdón por los abusos cometidos por los uniformados un año después de la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció tras ser sometido por dos patrulleros, lo que desató violentas protestas que dejaron 13 muertes.
«La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón, a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en donde un policía, de manera comprobada y con todo el debido proceso, y de acuerdo con la ley colombiana, se ha comprobado que ha cometido un acto contrario a la ley», expresó el oficial en una conferencia de prensa.
Miembros de la Policía son señalados por la muerte de 13 personas por disparos en Bogotá y la localidad vecina de Soacha el 9 y el 10 de septiembre de 2020 durante unas violentas manifestaciones desatadas tras el asesinato de Ordóñez, que era estudiante de Derecho. «Lamentamos profundamente la muerte, como lo indicó ese día el director general encargado, mi general (Gustavo) Moreno, de Javier Ordóñez», afirmó Vargas y agregó «un saludo respetuoso a su familia, de condolencia y disculpas».
El policía colombiano Juan Camilo Lloreda aceptó en abril pasado su responsabilidad y fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Ordóñez. En octubre de 2020, la Procuraduría (Ministerio Público) inhabilitó y suspendió por 20 años a los agentes de la Policía Lloreda y Harby Rodríguez por abuso de autoridad y por el asesinato del estudiante.
Por los hechos de violencia que derivaron del asesinato de Ordóñez, el general Vargas dijo que fue destituido un policía, siete más suspendidos y otros 10 multados. «Hay frente a lo ocurrido ese día en Bogotá, con Fiscalía de DD.HH., ocho investigaciones con homicidios relacionados con disturbios que se presentaron ese día. Han sido imputados tres policías por cuatro homicidios, por dolo eventual», aseguró el oficial. Igualmente fueron detenidas 147 personas por la violencia de esas jornadas, de las cuales 140 siguen vinculadas a procesos judiciales y «siete fueron sometidas a medida de aseguramiento no privativa de la libertad».
En tanto, el Consejo de Estado -máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia- reconoció que la Policía cometió excesos. «Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa», detalló ese tribunal en un comunicado.
Por ello, ordenó que quienes forman parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía, acusado de brutalidad durante las protestas, «sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento» de un «protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana».
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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