El Gobierno de Chile «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» que realiza en el marco de una ley de migración, señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW).
Le pidió, además, la organización al gobierno de Sebastián Piñera «asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos».
A través de un documento, HRW señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados.
Se estima en que Chile residen 457 mil venezolanos.
Mencionó impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.
VIOLACIONES
Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, Human Rights Watch identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.
«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional».
Así lo afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, según el documento.
En la misma línea, apuntó que resulta «contradictorio» que el gobierno chileno «condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».
HRW señaló que Chile anunció la expulsión de mil 500 personas en 2021 y que, según el Servicio Jesuita Migrante, para abril había deportado a 294 personas, la mayoría «sin control judicial» y afectando principalmente a venezolanos.
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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