Activistas y abogados piden a los demócratas y al presidente estadounidense Joe Biden que actúen rápido para proteger legislativamente a los migrantes, después de que un juez federal de Texas declarara ayer viernes ilegal el programa DACA, aprobado por la administración Obama y que impedía la deportación de miles de ellos que llegaron al país cuando eran menores.
Los demandantes se han comprometido a apelar la decisión del juez de distrito estadounidense Andrew Hanen, quien declaró ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impidiendo que el gobierno apruebe nuevas solicitudes, aunque dejando el programa intacto para los beneficiarios existentes. El programa, que fue denunciado ante el juez por Texas y otros ocho estados gobernados por los conservadores, presta protección a unas 650.000 personas.
La directora ejecutiva de United We Dream, Greisa Martínez Rosas, calificó por ejemplo el fallo como una «sirena de alarma a todo volumen» para los demócratas y dijo que ellos serían los únicos culpables si no se lleva a cabo una reforma legislativa. «Hasta que el presidente y los demócratas en el Congreso cumplan con la ciudadanía, las vidas de millones de personas seguirán en juego», dijo Martínez Rosas.
El Gobierno de México lamentó también la decisión judicial. «Con pleno respeto a los asuntos internos de Estados Unidos, el Gobierno de México lamenta la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, sobre el programa DACA», expresó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de Twitter.
En el mensaje, el funcionario aclaró que los permisos para los más de 600.000 jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes. Y abundó que el Gobierno mexicano, a través de la red consular y la Embajada de Estados Unidos, continuará brindando protección y asistencia consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.
A pesar de su fallo, el propio juez Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen «ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA», y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
El presidente del MALDEF, Thomas Sáenz, explicó en una conferencia posterior que el fallo afecta a todos aquellos a los que no les ha sido aprobado el amparo, incluyendo a las solicitudes que se encuentran atascadas en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que son 55.550 peticiones solo hasta marzo.
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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