La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, presidida por Juan Guaidó, condenó la persecución y judicialización contra disidentes opositores de la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, y pidieron a la comunidad internacional que se pronuncie ante la erosión de la democracia en ese país.

 

En su acuerdo, aprobado durante la sesión virtual de este martes dela Comisión Delegada, la AN electa en 2015 reiteró el acompañamiento y seguimiento hecho por la Organización de Estados Americanos (OEA) a la persecución que ha hecho Ortega a su disidencia.

 

Además, aprobaron que ese parlamento eleve su rechazo sobre lo sucedido en Nicaragua ante la asamblea general de la OEA.

 

NICARAGUA ASEDIADA

El diputado Luis Florido (Un Nuevo Tiempo – Lara) recordó que la administración de Daniel Ortega ha perseguido y judicializado al menos a 10 opositores en las últimas dos semanas, algunos en su momento compañeros de guerrilla del mandatario nicaragüense.

 

«La visión de la política e integración debemos defenderla. Por eso debemos rechazar todas estas detenciones de precandidatos presidenciales», dijo Florido, al tiempo que señaló que esto no es un tema de «izquierdas» o posiciones ideológicas, sino de defender la democracia de la región.

 

Además dijo que la actuación del mandatario nicaragüense es el «mismo modus operandi» de Nicolás Maduro al encarcelar a los opositores.

 

«Luchar por la misma lucha del pueblo nicaragüense es luchar la misma lucha del pueblo venezolano por recuperar la democracia y libertad», afirmó.

 

Mientras que el diputado Renzo Prieto (Voluntad Popular – Táchira) dijo que se debe tender la mano al pueblo de Nicaragua «y levantar la voz por los que sufren en ese país (…) En ses país, al igual que nosotros, han sido asesinados a manos del Estado, no hay garantías ni separación de poderes, usan al poder judicial para perseguir y encerrar, usando leyes nuevas para encarcelar».

 

Con estas leyes han encerrado a varios candidatos en Nicaragua, dijo Prieto, al referirse a la cuestionada «ley de soberanía», aprobada en diciembre de 2020, y que veta las candidaturas de ciudadanos nicaragüenses que exijan o avalen sanciones internacionales, actos de los que la gestión de Ortega acusa a la oposición y califica de «traidores a la patria».

 

«Yo le pido al parlamento que busquemos con urgencia reforzar todos aquellos esfuerzos multilaterales, no solo para detener a Ortega, sino al principal criminal de nuestra nación (…) Debemos evitar que en otras naciones se monten personeros como estos. No son políticos, son criminales», aseveró el parlamentario.

 

La diputada Olivia Lozano (VP – Bolívar) también intervino en el debate, y recalcó que Latinoamérica y el mundo están plagados de «figuras como éstas, que violan los derechos humanos, persiguen, encarcelan y asesinan con la tranquilidad de saberse impunes».

 

Lo que sí sorprende y preocupa, continuó Lozano, «es la inobservancia y la falta de rechazo firme de parte de la gran mayoría de los países democráticos del hemisferio, con contadas excepciones, corriendo el riesgo que las graves situaciones políticas de Nicaragua, Cuba y Venezuela pueden ser oscuros referentes y modelos para el resto del continente».

 

Y FALTA EL AGUA…

Los diputados también debatieron sobre la escasez de agua que hay en todo el país, lo que agrava las condiciones sanitarias para combatir la Covid-19.

 

La diputada Nora Bracho (UNT – Zulia) aseguró que más del 90% de la población venezolana no recibe agua potable de manera continua, producto del deterioro progresivo del sistema hídrico nacional por la falta de mantenimiento.

 

Bracho denunció que en el estado Zulia, y mostró un video para respaldar sus afirmaciones, la poca agua que llega por tubería o cisterna es de color marrón, con residuos fecales y mal oliente.

 

Destacó que el agua potable no recibe el tratamiento adecuado para el consumo humano, por la falta de plantas potabilizadoras.

 

Mientras que el diputado Gilmar Márquez calificó al servicio del agua potable en el país como «caótico».

 

Recordó que la mayoría de las hidrológicas estadales fueron intervenidas, como Aguas de Mérida y la Hidrológica del Lago de Maracaibo (HidroLago), lo que afectó gravemente el suministro en esas entidades debido a la desinverción.

 

Márquez indicó que los más perjudicados son las familias con menos recursos, porque deben recurrir a otras modalidades para lograr tener agua en sus casas, como el pago en dólares por envases o cisternas de agua.

 

El parlamentario Rafael Ramírez (PJ- Zulia) afirmó que en su estado tienen más de 50 días sin que llegue agua por tuberías, bajo la excusa que viene sucia producto de las lluvias en las cabeceras de los ríos.

 

«No solo nos dejaron sin agua potable, sino también que la poca que llega está tan cargada de barro y sedimentos que es imposible para el consumo humano», destacó el diputado, quien también denunció que funcionarios de HidroLago tienen un negocio con los camiones cisternas, las cuales cuestan cuarenta dólares y deben pagarse en efectivo.

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