Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales de Colombia volvieron el miércoles a las calles para presionar al Gobierno a negociar cambios económicos y sociales, dentro de las protestas antigubernamentales de cinco semanas, y mientras continúan estancadas las conversaciones entre las partes.
Los líderes de las protestas y el Gobierno no han logrado un acuerdo que lleve al diálogo y a poner fin a las manifestaciones. El presidente Iván Duque exige que se levanten los bloqueos de carreteras que han parado el comercio internacional y provocado escasez de alimentos y combustibles.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrante del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés, denunció que el Gobierno está dilatando la firma de un preacuerdo que establece garantías para la protesta social, un requisito previo a la negociación.
«Todas las actividades buscan presionar al Gobierno para que arranque la negociación», dijo Maltés a Reuters. «Al Gobierno le falta voluntad política para buscar un acuerdo. Estamos pendientes de que el Gobierno firme un preacuerdo de garantías».
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Ardila, a cargo del equipo de negociadores del Gobierno, insistió en que los bloqueos deben desaparecer porque no son una manera legítima de protestar.
Sin embargo, Maltés respondió que muchos cortes de vías obedecen a demandas locales y regionales que se deben solucionar con alcaldes y gobernadores a través de diálogos.
ACTOS VANDALICOS
Las protestas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno, mayoritariamente pacíficas, han incluido saqueos, actos de vandalismo, bloqueos y enfrentamientos entre encapuchados y la policía que han dejado al menos 20 muertos en 36 días, según la Fiscalía, aunque grupos de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor.
Las manifestaciones se iniciaron en rechazo a un proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos que fue retirado por el Gobierno y que provocó la renuncia del ministro de Hacienda.
Pero continuaron después de que los líderes de las protestas ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluyendo la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Los bloqueos de carreteras por manifestantes provocaron alzas en los precios y escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país de 50 millones de habitantes.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo el martes que desde mediados de mayo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han levantado 1.003 bloqueos en las principales carreteras del país, aunque continúan 36 interrupciones al tráfico de vehículos en todo el país.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, las protestas le han costado al país más de 10 billones de pesos (2.724 millones de dólares), incluyendo el descenso de la producción de petróleo, carbón y la suspensión de las exportaciones de café.