Vox ha solicitado, mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, la confirmación de que las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid durante el encuentro entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, no han sido borradas.
Además del aseguramiento de las grabaciones, que ya fue solicitado el pasado 24 de agosto, los servicios jurídicos de Vox han pedido que se les de traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado, así como si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzó a investigar si se cometió algún delito en el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Ábalos con Delcy. Así, entre las primeras diligencias, solicitó al Ministerio del Interior que remita el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez instructor realizó esta solicitud al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras asumir definitivamente la competencia para abrir causa e investigar los hechos denunciados por el PP, Vox y Laócratas dentro del conocido como ‘Delcygate’, el desplazamiento a Madrid en un avión privado de la número dos de Nicolás Maduro, pese a las sanciones europeas que pesan sobre ella.
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El magistrado Serrano-Arnal aceptó la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia de los ‘populares’.
De este modo, el titular del Juzgado número 31, que ya tenía en su poder las querellas de Vox y Laócratas, ha acordado agrupar todas en una y ha comenzado ya a estudiar si el encuentro que tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero es constitutivo de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
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El juez tiene pendiente visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto, entre ellas la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid –en funciones de guardia– fue el primero en requerir a Aena para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días.