La Policía liberó a nueve mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que eran obligadas a prostituirse en Alicante (este español) y detuvo a diez personas de una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas.
En la operación se efectuaron cuatro registros, en los que se encontró documentación, dinero, estupefacientes, relojes de alta gama, una pistola simulada y una placa identificativa policial, informaron este domingo las fuerzas de seguridad.
La investigación policial se inició en pleno estado de alarma, declarado en España entre mediados de marzo y de junio para contener la epidemia de coronavirus. Los agentes detectaron un local con licencia de hotel que se encontraba abierto cuando debía de permanecer confinado.
En el inmueble se localizó a cuatro mujeres y los investigadores sospecharon que podían estar siendo víctimas de trata de personas, por lo que iniciaron las primeras averiguaciones y confirmaron que se trataba de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras.
Varias de estas víctimas se acogieron a la condición de testigos protegidos y declararon que habían sido captadas en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo en España.
Las mujeres tenían en sus países de origen hijos a cargo y se encontraban sin trabajo y sin perspectiva de conseguirlo.
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La organización las llevaba a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la “deuda” contraída por el viaje.
Según relataron a los agentes, las jóvenes vivían confinadas en una habitación del mismo local en el que eran explotadas y debían estar disponibles todo el día, incluso cuando estaban enfermas; eran amenazadas y utilizadas para vender droga a los clientes.
Una vez realizadas las labores de investigación necesarias, se estableció un dispositivo policial en el que resultaron detenidas diez personas, entre ellas los cabecillas del grupo en Alicante, de nacionalidad española, colombiana y argelina.
Dentro del mismo operativo se procedió al registro de cuatro domicilios utilizados para la prostitución y se consiguió liberar a nueve víctimas.