La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el futbolista Leo Messi y varios miembros de su familia por supuestos delitos contra la hacienda pública, contables, estafa y blanqueo de capitales a través de su fundación.
En un auto, la magistrada señala que, después de una «especialmente compleja y exhaustiva investigación» de casi dos años, no se ha acreditado la existencia de actuación delictiva alguna por parte de los denunciados, tal y como ha informado la Fiscalía en su petición de sobreseimiento.
En concreto no aprecia que la Fundación Leo Messi fuera un mero instrumento utilizado por los denunciados para desviar y ocultar fondos para eludir el pago de los tributos correspondientes e incorporarlos a su patrimonio, tal como sostenía el denunciante, Federico Rettori.
Añade que tampoco se ha acreditado la utilización de cuentas bancarias para ocultar el verdadero propietario de bienes ni el uso de conceptos que no se correspondieran con la realidad.
Elementos «inexistentes»
La magistrada recoge que, de la documentación aportada por la Fundación Messi, se desprende que el denunciante no mantuvo relación laboral alguna con la misma, y añade que tampoco se ha acreditado cualquier otro tipo de vinculación contractual de la que pudiera derivarse para él perjuicio alguno.
Concluye que no solo no ha acreditado haber sufrido perjuicio alguno, «sino que las posibles irregularidades que invocaba en su denuncia se han demostrado claramente inexistentes» tras las diligencias practicadas y después de analizar los informes de la Agencia Tributaria, del Protectorado Catalán de Fundaciones y de la Fundación Messi.
La jueza recuerda que «dada la escasa fiabilidad del denunciante se acordó realizar una exhaustiva investigación de las actuaciones de la Fundación Messi en España».
El auto relata que finalmente se ha descubierto que «a través de la sociedad Social Team se presentó a la Fundación Leo Messi una propuesta de colaboración en un proyecto para luchar contra la mortalidad infantil en Sierra Leona, que iba a liderar la asociación ‘Por un buen camino’, que el denunciante presidía, y que se vio frustrado».
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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