El 5 de abril de 2018 ocurrió una de las mayores redadas de inmigrantes en Estados Unidos, específicamente en un sitio de trabajo y por eso recibirán un pago millonario por parte del gobierno de EEUU.
El operativo contó con la participación de varios agentes federales y organizado para la búsqueda del dueño de una planta procesadora de carnes.
Agentes del Servicio de Inmigración (ICE), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Recaudación Interna (IRS), estuvieron implicados. Así como personal de la Patrulla de Caminos de Tennessee y del Departamento de Policía de la ciudad de Morristown del condado de Hamblen.
Inmigrantes recibirán pago millonario
Los agentes de seguridad atentaron contra el personal inmigrante que laboraba en dicha empresa. La redada jamás estuvo autorizada para capturar o detener a una persona indocumentada.
Tras casi cinco años de espera, el lunes 27 de febrero, un juez federal en Tennesse aprobó una conciliación. En ella se declara que el Gobierno de Estados Unidos deberá pagar a los inmigrantes afectados por la redada.
De acuerdo al reporte de la agencia de noticias EFE, el operativo buscaba capturar al dueño de la plata Southeastern Provisions, James Brantley. El hombre había incurrido en presuntos delitos financieros y fraudes tributarios.
¿Qué ocurrió realmente ese 5 de abril?
Durante la redada, los federales detectaron que los gerentes de la empresa utilizaban grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar a sus empleados. Esto para evitar los requisitos de registro y documentación que estipula la ley y así librarse de los impuestos.
Pese a que los inmigrantes no estaban relacionados con las irregularidades de la empresa, los agentes ordenaron que realizaran una fila para ser registrados y posteriormente ser trasladados a 32 kilómetros de la empresa.
El caso fue tomado por la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), quienes destacaron que en la operación no se vieron afectados ciudadanos «no inmigrantes». Estos pudieron salir de la empresa sin problema alguno y sin amedrentamiento por parte de los funcionarios.
Los demandantes, de acuerdo a la publicación de EFE, mencionaron que algunos de los agentes usaron fuerza excesiva y lanzaron insultos contra los inmigrantes.
«El propósito fue la captura de inmigrantes»
El personal de TIRRC procedió a colaborar con las familias de los afectados y contabilizaron para ese entonces, más de 150 niños afectados por la detención de sus padres y madres.
Según destacó EFE, el Centro Nacional de Ley de Inmigración, el Southern Poverty Law Center y varios abogados concordaron en que el propósito de la acción policial fue «la captura de inmigrantes, teniendo así un impacto bastante grave».
A poco de cumplirse cinco años de lo ocurrido, los demandantes destacaron que los miembros del personal de seguridad «violaron los derechos civiles de los trabajadores». Asimismo, incurrieron en el uso de la fuerza y procedieron con arrestos «solo por su grupo étnico».
El Gobierno federal pagará por arresto ilegal y uso de la fuerza
La conciliación firmada por el juez de Tennesse refiere que todas las personas incluidas en la demanda colectiva recibirán un total de 550.000 dólares por parte del gobierno de Estados Unidos.
Por otra parte, el Gobierno federal deberá pagar 475.000 dólares a seis de los afectados por uso excesivo de la fuerza y arresto ilegal. Asimismo, tendrán que pagar más de 150.000 dólares para cubrir gastos de abogados y de las organizaciones que respaldaron la querella de los trabajadores.
Fuente: Telemundo 51