La puesta en marcha del bitcóin como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense en El Salvador estuvo marcada este martes (07.09.2021) por la caída del precio de la criptomoneda y el rechazo de miles de personas que salieron a las calles a protestar.
El Salvador se convirtió este martes en el primer país del mundo en darle curso legal al criptoactivo, tras la aprobación en junio pasado de la Ley Bitcóin por parte del oficialismo y aliados del Ejecutivo de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa. El uso del bitcóin como forma de pago es obligatorio, según la normativa, y todo agente económico está obligado a aceptar la criptomoneda.
La caída de los precios y los tropiezos de la Chivo Wallet
En la antesala a la entrada en vigor de la citada ley, El Gobierno de El Salvador compró 400 bitcóins en al menos dos operaciones, que ascenderían a más de 21 millones de dólares con el precio del bitcóin superando los 52.000 dólares. Sin embargo, la criptomoneda registró este martes una caída superior al 17%, colocando el valor de la divisa digital hasta en 43.050 dólares. Con el paso de las horas ha moderado la caída y se colocó, al menos pasadas las 12.00 hora local (18.00 GMT), por arriba de los 46.000 dólares, según diversas plataformas.
En el marco de esta caída, Bukele publicó en sus redes sociales que El Salvador adquirió 150 bitcóins más, con lo que el país ha comprado 550 unidades de la criptodivisa. El Gobierno no ha detallado los criterios utilizados para realizar estas compras, la formas en que se adquirieron y si la compra se hizo en una plataforma de intercambio o a un gran tenedor de la criptodivisa.
La Administración Bukele había anunciado que a partir de las 00.00 hora local del martes (06.00 GMT) la población salvadoreña podía descargar en sus teléfonos celulares la billetera electrónica gubernamental llamada Chivo Wallet. Pero, unas horas después, el presidente publicó en su cuenta de Twitter que «el sistema está desconectado mientras se aumenta la capacidad de los servidores». El mandatario agregó que «es un problema relativamente sencillo, pero no se puede arreglar con el sistema conectado». Fue al filo de las 11.00 hora local (17.00 GMT) que Bukele anunció que ya se podía descargar la aplicación. La información sobre el desarrollo y la financiación de la billetera y la red de cajeros no se ha revelado.
Protestas se unen contra el bitcóin y los cambios al Poder Judicial
El primer día de circulación del bitcóin como moneda legal también se vio marcado por cinco protestas que salieron a las principales calles de San Salvador para rechazar su implementación como forma de pago. Los grupos de manifestantes, que portaban carteles contra el bitcóin, se concentraron en diferentes puntos de la capital para luego movilizarse a una de las entradas de la sede de la Asamblea Legislativa, donde se realiza la sesión plenaria correspondiente a esta semana. Mientras, agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (antimotines) de la Policía Nacional Civil (PNC) colocaron una barrera con alambres de púas para cortar el paso.
Entre los grupos que protestaban, y por primera vez en El Salvador, decenas de jueces marcharon también para exigirle al Congreso derogar una reforma legal que cesa a los juzgadores de 60 años de vida o con carrera de 30 años, mientras que en dicho órgano se negaron inicialmente a recibir el documento con su postura.
«La Asamblea Legislativa ha hecho una embestida a la independencia de poderes y ha neutralizado prácticamente a uno de los tres poderes, que es el Judicial», dijo a la prensa el juez y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Sidney Blanco. El juez Samuel Lizama indicó que, finalmente, «después de múltiples obstáculos irrazonables y gestiones, se nos recibió el escrito que pide derogar decreto de reformas a Ley de Carrera Judicial y restablecer el estado Constitucional».
La semana pasada, el Congreso -de mayoría oficialista- reformó la Ley de la Carrera Judicial para cesar a jueces con el argumento de depurar el sistema judicial. Esta justificación, que únicamente restringe las supuestas prácticas corruptas en jueces de 60 años de edad o 30 años de carrera, fue dada por los diputados del oficialista Nuevas Ideas, pero no está en el decreto aprobado.
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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