Con palos, agua y piedras se anfrentaron este miércoles manifestantes a favor y en contra de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en las afueras del penal de mujeres Miraflores de La Paz en el que está detenida preventivamente desde marzo. El pasado fin de semana, Áñez presuntamente intentó suicidarse infligiéndose cortes en los brazos, tras lo que ha reiterado «no querer vivir» más y ha mostrado preocupación por los medicamentos que se le suministra en prisión.
En el marco del caso «golpe de Estado», la exmandataria está acusada de “conspiración, sedición y terrorismo” por su presunta participación en noviembre de 2019 en un golpe de Estado que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Áñez, que hasta ese momento era la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, asumió la Presidencia siguiendo la línea de sucesión después que junto con Morales renunciaran su vicepresidente y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, todos miembros del partido gobernante Movimiento al Socialismo, MAS. Tras casi un año de gobierno de Áñez y por medio de elecciones, el MAS regresó al poder con Luis Arce.
“Mensaje de auxilio”
El último fin de semana, tras confirmar la autolesión, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la salud de la exmandataria es “completamente estable” y que tiene unos “pequeños rasguños en uno de sus brazos”. Sin embargo, el abogado de la expresidenta, Jorge Valda, ha señalado que con este hecho, Áñez, que sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo, está enviando “un mensaje de ayuda, auxilio y socorro”. Por su parte, una comisión de la ONU, que pudo visitarla en prisión, ha constatado que la expresidenta se siente «físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente».
Para Franco Albarracín, abogado especialista en derechos humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), más allá de la posición política o ideológica que se pueda tener sobre la expresidenta, o si es culpable de delitos durante su gobierno transitorio, “ella es un ser humano y tiene derechos como cualquier otra persona”. “El Ministerio Público y el Poder Judicial han emitido decisiones ilegales en contra de Áñez y la han detenido sin previa notificación, incumpliendo no solo la ley nacional, sino también los tratados internacionales”, explica Albarracín a DW, criticando también que, a comienzos de agosto, un juez haya decidido extenderle por seis meses la prisión preventiva.
Otro ejemplo de las arbitrariedades contra Áñez sería su reclusión en una cárcel de La Paz, cuando ella vive en Beni: “La norma dice que cualquier persona que sea privada de su libertad tiene que cumplir, por lo menos, esta restricción dentro de un penal en su lugar de residencia”, comenta el experto del Cedib. Sin embargo, estas irregularidades no serían una novedad. “La detención preventiva de forma ilegal ha sido muy constante y normalizada en los gobiernos de Morales, Áñez y ahora de Arce, y nos olvidamos que esto puede afectar también de manera psicológica”, lamenta Albarracin.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce (Izq.), junto al expresidente Evo Morales. Ambos del partido MAS.
“Venganza” como lógica política
En esa misma línea opina la politóloga Bettina Schorr, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, quien critíca que todo lo que el actual partido de gobierno reprochó a sus oponentes, lo está reproduciendo dentro de su propio régimen. “Esto huele un poco a venganza. Al parecer, una lógica política muy presente en Bolivia es que el oponente político es tu enemigo. Y cuando tú estás en el poder, tú puedes vengarte de él. Áñez también lo hizo durante su gobierno interino”, dice la experta alemana.
Esta situación, según Schorr, refleja que en Bolivia no hay un Estado de derecho y no existen órganos del Estado que funcionen independientemente de quién esté en el Ejecutivo. “Si todo se estuviese haciendo de forma transparente, ¿por qué no hay un proceso debido para Áñez? ¿Por qué no se agiliza el caso?¿Por qué no se permite a médicos privados que ingresen a la prisión?”, cuestiona la politóloga Schorr.
Un hecho más grave, a juicio del jurista boliviano Albarracín, es que se trate de impedir las visitas de organizaciones de derechos humanos: “En más de tres ocasiones, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha intentado visitar a Áñez y fue impedida. Nos ha impresionado el desconocimiento y la ignorancia de nuestras autoridades sobre el tema”. El experto asegura que esto ha provocado que los bolivianos hagan una reflexión “mucho más profunda” sobre los derechos de los privados de su libertad y el “abuso de la prisión preventiva”, en un país en el que el 70% de los detenidos están en esa situación.
Investigaciones deben continuar
“Las principales consecuencias es que cuando se comienza a vulnerar los derechos de una persona, que está siendo investigada por otras violaciones de derechos humanos, lamentablemente se la convierte en una víctima. Y la gente comienza a dejar en segundo plano las graves violaciones de derechos humanos que han sido confirmadas en un reciente informe de expertos de la CIDH”, afirma Albarracín.
Según dicho informe de un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabajó en Bolivia durante ocho meses, se han hallado pruebas del uso desproporcionado de la fuerza militar y policial en la convulsión social desatada tras las polémicas elecciones del 20 de octubre de 2019.
La investigación del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indica que los agentes estatales no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegida a la ciudadanía y víctimas de ambas partes del conflicto. Se calcula que al menos 37 personas perdieron la vida y cientos resultaron lesionados, tanto física como psicológicamente.
Por esa razón, sostiene el experto Albarracín, se tiene que seguir investigando lo ocurrido en el “conflicto electoral”. Pero “si el actual gobierno continúa con irregularidades y violaciones de derechos humanos, a final de cuentas no vamos a poder tener una verdadera justicia y reparación por los hechos acontecidos durante el gobierno de Evo Morales y Jeanine Áñez”, advierte.
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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