Pasaron más de 10 años desde aquel 4 de agosto de 2007, cuando el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson fue demorado por agentes la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. ¿La razón? En su valija transportaba US$ 790.550 no declarados y con un propósito -hasta entonces- desconocido.
Ahora, el caso vuelve a la luz pública luego del decreto 1013/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y su gabinete. La norma, que modifica el presupuesto para 2017 a través de un incremento de $ 202.026 millones en el gasto, dispone en su texto poner en uso ese dinero secuestrado a finales de la presidencia de Néstor Kirchner.
Como adelantó LA NACION en noviembre del año pasado, los dólares -que reposan desde 2007 en una bóveda del Banco Nación- «serán destinados a la construcción de espacios de primera infancia». El proyecto, que beneficiará a niños y niñas de entre 0 y 3 años en situación de vulnerabilidad, fue ideado por Carolina Stanley, titular del Ministerio de Desarrollo Social.
El «valijagate»
Antonini Wilson llegó a la Argentina desde Venezuela en un vuelo contratado por la empresa Energía Argentina SA (Enarsa) junto al presidente de ésta, Exequiel Espinosa y el director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti y funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA, entre otros pasajeros.
La entonces agente aduanera María Luján Telpuk fue quien ordenó al empresario que abriera la valija. La sospecha, incluso alimentada por averiguaciones del FBI en Estados Unidos, es que el dinero iba a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, quien eventualmente triunfó en las elecciones de 2008.
Recién en mayo de este año, la fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez solicitó el procesamiento de Uberti-acusado de encabezar por orden de Néstor Kirchneruna «embajada paralela» de cara al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela- por considerarlo partícipe necesario en el contrabando del dinero contenido en la valija.
Otros recortes
Pero el decreto presupuestario no se queda ahí. Dispone asimismo un recorte a la Iglesia de $ 63,9 millones para la «restauración y puesta en valor» de la Basílica de Luján y de otros $ 35 millones para los arreglos en los edificios aledaños y el bautisterio contiguo. Además, achicó en $ 13,5 millones la asignación presupuestaria para las mejoras en la iglesia San Pedro Telmo, ubicada en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires.
Mejor suerte corrió el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), creado en enero de 2014 y que tiene como objetivo «generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes, para que finalicen la escolaridad obligatoria, inicien o se les facilite la continuidad de la educación superior y realicen experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo». Esta iniciativa verá una ampliación en su crédito.
Vía LaNacion.com.ar