Estos vídeos, grabados en el interior de los centros clandestinos de Caracas, son pruebas visuales primordiales, que podrían acelerar la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI.
La Corte Penal Internacional (CPI) cuenta ya con el testimonio de un total de 51 testigos de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido estos últimos meses contra militares y civiles, muchos menores de edad, en Venezuela. La abogada penalista y defensora de derechos humanos Tamara Suju ha entregado este viernes a la Fiscalía internacional en La Haya varios vídeos y testimonios por escrito que «prueban la violencia sexual y las torturas sistemáticas» cometidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Nicolás Maduro.
Los vídeos son pruebas «visuales primordiales, que no dejan lugar a duda sobre las torturas y abusos» cometidos por las fuerzas represivas del régimen de Maduro, explica Suju a EL MUNDO. Tener pruebas tan contundentes podrían
acelerar la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía de la CPI. Suju asegura que fueron grabados en el interior de los centros clandestinos de Caracas, en salas de tortura y cuartuchos donde los presos han pasado semanas encerrados, con los ojos vendados y rodeados de sus propios excrementos. Disidentes venezolanos del Dgcim han filmado lo ocurrido para «reforzar» sus denuncias y para llevar a Maduro ante la Justicia internacional.
La abogada también explica que ha entregado pruebas fidedignas de «la formación y entrenamiento de miembros de inteligencia venezolanos por parte de oficiales cubanos» en Venezuela, donde los hombres de Maduro estaría recibiendo la «preparación necesaria» para frenar a la disidencia en Venezuela. Las cuatro nuevas denuncias «prueban que los menores de edad, niños y niñas, tampoco escapan al aparato de represión» del régimen. Al menos 28 de los testimonios que tiene ahora la Fiscalía de la CPI son de «víctimas de violencia sexual, fueron abusados directamente por los organismos de inteligencia», según Suju.
«Decidí desertar porque nunca antes había visto tantas atrocidades, prisioneros torturados, a los que no se les brinda de forma automática servicios médicos», asegura, en uno de los vídeos, el teniente Ronald Dugarte. Explica con todo detalle a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el funcionamiento de los organismos de Inteligencia, y de los centros clandestinos que, dice, hay en las afueras de la capital. Menciona los diferentes métodos de tortura que utiliza el Dgcim, ofrece nombres y apellidos de los mandos del servicio de Inteligencia, y añade lugares y detalles del entrenamiento por parte de oficiales cubanos.
Uno de los ejemplos que señala Dugarte en su testimonio es la tortura a la que fue sometido Nelson Martínez, ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quien murió en prisión tras pasar un año detenido sin condena alguna. «Tenía una enfermedad patológica y Ronald pudo ver cómo su salud se iba deteriorando poco a poco durante diez días, hasta que ya no podía respirar bien y, entonces, el director de Asuntos Especiales del Dgcim, Granko Arteaga, que creía que sus quejas eran un show, le dijo a los guardias que se lo llevaran para que no se le muriera en la celda,literalmente», explica Suju, que lleva años documentando los presuntos crímenes.
En el escrito presentado hoy, la disidente venezolana también subraya que «los presos no tienen atención médica y su salud se utiliza para torturarlos, para que enfermen».Además, un médico que ejerce en la frontera entre Venezuela y Brasil, y que atendió a los heridos los días 22 y 23 de enero atestigua que «lo ocurrido contra la comunidad de los pemones» esos días fue «prácticamente una masacre». Murieron tres indígenas, varios resultaron heridos de gravedad y cientos han tenido que huir del país por miedo a la represión. «En el Derecho Internacional, esto es un crimen de lesa humanidad», subraya Suju, de nacionalidad española y exiliada en Praga, desde donde lidera la guerra judicial en la CPI contra Maduro.