Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, es el que más ha sentido en los últimos dos años los impactos de la crisis en el país vecino, donde faltan medicamentos, atención sanitaria y alimentos.
De acuerdo con la Policía Federal (PF) de Brasil, desde principios de 2015 hasta junio de este año, 56.740 venezolanos solicitaron refugio o residencia en Brasil, aunque es difícil precisar cuántos permanecen en el país.
Según la última estimación de la alcaldía de Boa Vista, capital de Roraima, a 200 km de la frontera, unos 25.000 venezolanos están instalados actualmente en la ciudad, lo que equivale al 7,5% de su población total, de más de 300.000 habitantes.
Muchos fueron alojados en una decena de refugios gestionados por el Ejército brasileño, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ONG, pero cerca del 10% (2.500) todavía duerme en la calle.
Muchos acampan durante meses en esquinas y terrenos baldíos, viviendo de donaciones de comida y ropas. También es común ver en los semáforos grupos de hombres y mujeres lavando los vidrios de los autos y ofreciendo otros servicios por monedas.
La ola de inmigrantes buscando atención médica y servicios básicos puso bajo presión a los hospitales y escuelas de la ciudad, así como al saturado mercado de trabajo.
Los hospitales de Roraima registraron más de 50.000 consultas y atenciones médicas a venezolanos en 2017, un número que alcanzó los 45.000 apenas en los primeros tres meses de este año, según cifras oficiales.
La disputa por camas de hospital y puestos de trabajo, así como el aumento de la delincuencia en determinadas regiones de Boa Vista y la fronteriza Pacaraima han generado tensiones con la población local.
El fin de semana pasado, un grupo de vecinos de Pacaraima incendió campamentos de inmigrantes y los expulsaron hacia el otro lado de la frontera.
«Estamos muy cerca del límite. Nadie va a conseguir soportar si el flujo continúa y el gobierno federal hace de cuenta que nada pasa en Roraima», dijo a la AFP Marcelo Lopes, secretario del Gabinete Institucional del Gobierno de Roraima.
El reclamo más urgente de las autoridades locales es la reubicación de refugiados hacia otros estados brasileños que puedan oferecerles trabajo.
Hasta ahora, apenas 820 venezolanos han sido transferidos y 270 serán trasladados esta semana.
El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, admitió que el proceso de transferencias no está funcionando con la rapidez necesaria, pero aseguró que el gobierno federal está empeñado en brindar la asistenta necesaria para seguir acogiendo a los inmigrantes.
Y reiteró: «No vamos a cerrar la frontera de ninguna forma».
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