En la reanudación de las audiencias que realiza la OEA para determinar si hay bases para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, Kerling Sánchez ofreció este jueves su testimonio, en el que se refirió a los casos de militares que han sido privados de libertad por no ser afectos al oficialismo.
Sánchez – esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez, quien se encuentra recluido en La Pica, una prisión de presos comunes, acusado de intentar perpetrar un supuesto golpe de Estado – aseguró ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Washington, que las represalias hacia los militares opositores son un reflejo de la persecución que viven quienes se oponen al actual Gobierno en Venezuela.
Explicó que su esposo fue señalado de “golpista y traidor” y de supuestamente participar en una rebelión militar en la cual había intentado “con dos aviones tucanos” bombardear el Palacio de Miraflores y otras instituciones del Estado.
Luego de esas acusaciones, el teniente coronel fue sentenciado junto a otras nueve personas, quienes también fueron acusados de haber sido financiados por el Gobierno de Estados Unidos.
Agregó que el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, fue quien responsabilizó a su esposo de la presunta conspiración que el Gobierno denominó “Jericó”.
“Luego de detener a mi esposo, Maduro lo tildó de traidor e incitador del odio”, añadió.
Sánchez indicó que la causa de su esposo aún “no tiene sentencia firme. Los abogados están haciendo una apelación ante la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y estamos esperando su respuesta”.
La mujer aseguró que el Gobierno pagó a testigos para que señalaran a los militares y afirmaran que se encontraban involucrados en la Operación Jericó, quienes presuntamente se habían reunido dos veces “para bombardear con unos aviones tucanos el palacio de Miraflores. Sin embargo, en el juicio la misma fiscalía llevó a expertos para que dijeran si era posible que unos militares pudieran agarrar la artillería que estaba en otro lugar diferente a donde estaban los aviones, cargar los aviones y sacar los aviones de una base militar sin autorización para cometer estos delitos. Esto era imposible”, dijo.
Finalmente señaló que su esposo tuvo un juicio express, en donde la justicia no fue impartida, condenándolo a siete años y tres meses de prisión, pena que debe cumplir a pesar de haber sido diagnosticado con cáncer linfático, situación que ha sido difícil de llevar para sus familiares, quienes no han podido lograr que tenga la atención que necesita dentro del reclusorio.
“Solamente les quiero decir que esto es una herida que se abre, que nunca se cierra y que a veces sangra y que siempre está ahí, latente”, dijo sobre la experiencia que han vivido durante los tres años y medio de prisión que lleva su marido.
Vía Caraotadigital.com