Un total de 12 procesados y penados que estaban recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, escaparon del calabozo de la PNB de esta ciudad, ayer a las 2:30 de la madrugada. De acuerdo con la información policial, los presos abrieron un boquete en la parte posterior de la instalación policial y huyeron por la zona boscosa. Uno de los fugados fue recapturado.
Los evadidos fueron identificados Eduardo Ocariz, Luis Cordero, Miguel Chacón, Florencio Roa, Luis Duarte, Jhonkart Zambrano, Carlos Valero, Freddy Mendoza, Luis Flórez, Jonathan Villanueva e Isaac Calderón. La mitad estaba penada por los tribunales.
“En varias ocasiones hemos denunciado públicamente que ni los calabozos de Politáchira ni de la PNB y tampoco las celdas de las policías municipales son recintos carcelarios para mantener a quienes ya han sido procesados. La ley es clara y establece que quienes se encuentran penados deben ser llevados a centros penitenciarios acordes con su condición para cumplir la condena impuesta”, señaló Franklin Duarte, diputado tachirense a la Asamblea Nacional.
En varios sectores de San Cristóbal fue desplegado un operativo de búsqueda para dar con los evadidos.
“Acciones como las anteriores son una muestra más que las policías bajo el mando de militares están destinadas al fracaso y queda evidenciado no solo en este caso sino también en el pésimo manejo en que caído la Policía del Táchira, dirigida por el general Noguera de la Guardia Nacional Bolivariana”, agregó Duarte, quien indicó además que son muy pocos los funcionarios de ese organismo que permanecen en la sede policial para el resguardo de las instalaciones y los detenidos.
Deserción y baja. La escasez de personal afecta no solo a la PNB. De acuerdo con un informe elaborado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, 200 funcionarios de Politáchira abandonaron el cuerpo policial que opera en San Cristóbal entre diciembre de 2017 y enero de 2018.
“Entre los motivos de dichas solicitudes de bajas voluntarias se estarían presentando principalmente por razones económicas: bajos salarios, condiciones laborales precarias, inseguridad de los funcionarios a ser víctimas de delitos (robo del arma de reglamento), tratos vejatorios por parte de superiores hacia subalternos y la decisión de migrar hacia otros países para ejercer labores u oficios más rentables”, señala el informe en el cual se advierte además que en tres oportunidades se hicieron intentos para verificar estos datos, pero no se obtuvo respuesta de Politáchira que está intervenida desde octubre de 2016 por órdenes presidenciales.
Indica el informe que para enero de 2017 había 3.000 funcionarios, y para enero de 2018 hay 2.640 agentes de los cuales 600 están de reposo.